El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consejo Insular del Agua, Pedro San Ginés, mostró ayer su tranquilidad ante la decisión del juzgado de instrucción número 2 de Arrecife de abrir una pieza separada del caso que instruye la incautación de la desaladora de Montaña Roja en Playa Blanca sobre los pagos realizados por el Consejo Insular del Agua al letrado Ignacio Calatayud, que fue uno de los asesores del presidente en este proceso judicial.

"Hasta donde yo sé, todos los trabajos realizados por el letrado Ignacio Calatayud cumplen con la Ley de Contratos de la Administración Pública, ya que todos los pagos han sido realizados con informes favorables de la Intervención y, en cualquier caso, bajo el mismo procedimiento que al resto pagos a los letrados externos a la Corporación", afirma San Ginés.

Informes de Secretaría

El presidente, que está en calidad de investigado en este caso, explica "que existen informes, tanto de la Secretaría General del Cabildo de Lanzarote, como de sus servicios jurídicos, que en consonancia con la Directiva Europea 2014/24/UE, de 26 de febrero que en su apartado 94 del preámbulo, sobre contratación pública, precisa que "(?) siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, los poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, ya que pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta".

Según el presidente un ejemplo de lo que se recoge en estos informes de Secretaría "puede ser el caso, por ejemplo, en los contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría (?)", por lo que los servicios jurídicos de asesoramiento jurídico y representación legal de un cliente por un abogado en un arbitraje o conciliación o en un procedimiento judicial quedan también fuera de la obligatoriedad de exigir tres presupuestos en caso de contratación de letrados, en virtud de la vigente Ley de Contratos del Sector Público", recuerda.

La Audiencia Provincial de Las Palmas anuló la incautación de la desaladora que ha sido devuelta a la promotora Club Lanzarote.