"La mano que mece la cuna". Así se refería el fiscal Ignacio Stampa durante el juicio celebrado en los juzgados de Arrecife al papel que ha desempeñado el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz sobre la trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Arrecife. Una trama de corrupción, dentro del Caso Unión, que le ha valido la primera de las condenas de prisión a la que se enfrenta después de que la Audiencia Provincial dictara ayer una sentencia por la que le impone cinco años y tres meses de cárcel por compincharse con un empresario de la capital lanzaroteña para que este pudiera cobrar del Consistorio casi 252.000 euros por trabajos inexistentes.
La sentencia considera probado que el interventor, el exjefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha (al que también se le pide 5 años y tres meses de prisión), y el entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL) "se concertaron" para que el empresario José Daniel Hernández pudiera cobrar del Consistorio catorce facturas que no correspondían a ningún trabajo o servicio realizado para la ciudad.
El empresario Hernández debe afrontar una pena de prisión de cinco años y tres meses por los delitos continuados de prevaricación y falsificación en documento mercantil. Por contra, el exedil de Hacienda ha sido condenado a un año y cuatro meses de cárcel como responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos aunque con el atenuante que ha devuelto parte del dinero defraudado y haber confesado unos hechos que tuvieron lugar entre los años 2008 y 2009.
Los hechos enjuiciados en este procedimiento ocurrieron entre los años 2008 y 2009, cuando Daniel Hernández y su empresa Proselan presentaron al Ayuntamiento de Arrecife numerosas facturas para cobrar trabajos relacionados con el carnaval y las fiestas de los barrios. El tribunal considera probado que esas facturas fueron presentadas por el empresario y avaladas por el interventor y el jefe de la oficina técnica a sabiendas de que no correspondían a servicio alguno prestado para el ayuntamiento.
La sentencia resalta, además, que todas esas facturas se presentaron por cantidades fraccionadas, que permitieran tramitarlas como contrato menor, "impidiéndose de esa manera la correcta fiscalización de los pagos indebidamente efectuados". La empresa de Daniel Hernández trató de cobrar por ese procedimiento 349.159 euros, aunque solo consiguió 251.293, porque cuatro de las catorce facturas le fueron rechazadas después de que la Concejalía de Festejos detectara irregularidades en ellas.
Durante el juicio, el exconcejal de Hacienda de la ciudad reconoció que sospechaba que esas facturas escondían trabajos que no se habían realizado, pero que firmó las órdenes de pago "porque el interventor le había ayudado en otras ocasiones a llevarse dinero".
La Audiencia subraya que, en este caso, "la actuación del interventor está plagada de tantas ilegalidades, que aun cuando las obras se hubieran ejecutado y, por lo tanto, no se hubieran cometido delitos de falsedad y malversación", seguiría siendo autor de prevaricación, lo mismo que el entonces concejal de Hacienda. Sin embargo, considera "palmario" que los pagos realizados a la empresa de Hernández con fondos públicos no respondían a interés público alguno y que existen pruebas de que las facturas no se correspondieran en realidad con ningún trabajo para la ciudad.
Pero el calvario judicial del interventor solo acaba de empezar. Carlos Sáenz Melero, que fue nombrado el 2 de febrero de 1998, por la Dirección General de la Función Pública, interventor de fondos del Ayuntamiento de Arrecife, tiene pendiente al menos otros seis juicios más con penas de cárcel que superarán con creces los 20 años.
A pesar de sus problemas con la justicia y de tener ya una condena por corrupción, Carlos Sáenz mantiene su puesto en el Ayuntamiento de Arrecife. De hecho, ayer fue a trabajar como un día más como el máximo responsable de la gestión económica y financiera del consistorio. Desde el Ayuntamiento se asegura que no se le puede apartar de su cargo hasta que sea firme una resolución de la Dirección General de la Función Pública que fue la que lo nombró al ser un puesto de habilitación nacional.
Y es que Sáenz está involucrado en las dos grandes tramas de corrupción que han salpicado el Ayuntamiento de Arrecife: los denominados casos Montecarlo y Unión. En este último proceso también está imputado por las presuntas irregularidades en el pago de facturas por un importe de 1,6 millones de euros.
En lo que se refiere al caso Montecarlo, Sáenz podría acumular condenas por corrupción en tres administraciones distintas dado que además de interventor de Arrecife lo ha sido, en régimen de acumulación, en los ayuntamientos de San Bartolomé y La Oliva en Fuerteventura, donde ya no ejerce este cargo después de su detención en mayo de 2012 dentro de la operación Montecarlo. Por este caso, el interventor estuvo en prisión provisional entre el 22 de mayo de 2012 y el 26 de marzo de 2013. Tras un pequeño periodo de baja médica, Sáenz volvió a su puesto en Arrecife.
La Fiscalía de Las Palmas presentaba el pasado 12 de diciembre el escrito de calificación de la pieza del caso Montecarlo relacionada con la gestión de los tributos en el Ayuntamiento de La Oliva y la adjudicación fraudulenta de contratos en el consistorio de San Bartolomé. Sáenz se enfrenta a 12 años de cárcel por malversación de caudales y falsedad de documento público en San Bartolomé y otros ocho años por tráfico de influencias, malversación y prevaricación en La Oliva.
En el municipio majorero la fiscalía le acusa de haber exigido dinero al empresario José Vicente Montesinos que gestionaba la recaudación de tributos. La acusación sostiene que el interventor exigía a Montesinos cantidades de dinero de forma regular, aunque no ha podido concretar todas las cantidades porque se habría entregado en efectivo. Sí hay pruebas de un ingreso de 3.000 euros por parte de Montesinos en la cuenta bancaria de Sáenz, y del regalo de un Volvo que pertenecía a la empresa, así como del pago de diversos billetes de barco.
Según la tesis de la fiscalía, el interventor ideó en el Ayuntamiento de San Bartolomé "la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición, prevaliéndose para ello de la posición privilegiada que como Interventor de Fondos ostentaba en dicha Corporación, llevando a cabo sin solución de continuidad hasta su detención por orden judicial el día 22 de mayo de 2012 múltiples actuaciones tendentes a lograr cuantiosas cantidades de dinero, para sí y para terceros", resalta el escrito.
En el caso Montecarlo está investigado en otras tres piezas más en el Ayuntamiento de Arrecife.
