El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias administrativas y de funcionamiento en los servicios de producción y distribución de agua potable de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, cuyas redes registraron pérdidas valoradas en 140,7 millones de euros entre 2007 y 2011. En el caso de Lanzarote, las pérdidas ascendieron a los 83,5 millones cuando este servicio era gestionado por la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa).
Según el informe en esos cinco años Lanzarote perdió el 46% del agua producida, lo que representó un coste de 83,5 millones de euros. En el ámbito de la producción de agua potable, en Lanzarote el Tribunal de Cuentas destaca la existencia de incidencias en los expedientes de contratación, como el hecho de que no figuren informes que justifiquen la inversión, "la falta de criterios de adjudicación" o "la tramitación de algunos contratos por el procedimiento de emergencia sin que concurrieran las circunstancias establecidas en la normativa de contratación".
Unas pérdidas millonarias que contribuyeron a que Inalsa se viera ahogada por las deudas hasta que se vio obligada a entrar en concurso de acreedores con unas deudas cercanas a los 40 millones. En el año 2013 el Cabildo de Lanzarote, que era el socio mayoritario de Inalsa, acordó sacar a concurso la distribución y producción del agua que fue asumida en junio de ese año por Canal Gestión Lanzarote, una filial de Canal Isabel II de Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid.
El juzgado número 4 de Arrecife investiga la gestión de Inalsa desde finales del pasado año, en la que ya están en condición de investigados la ex consejera de la empresa pública de aguas, Plácida Guerra, y el ex gerente, Rafael Elorrieta.
En Fuerteventura el informe critica "la introducción de unidades de obra nuevas y reformas sin la adopción del correspondiente acuerdo por el órgano de contratación y sin la modificación del contrato original, la realización de modificaciones sin que concurrieran las causas legalmente previstas y la existencia de un contrato celebrado de forma verbal".
En esta misma isla, el informe añade que en 2011 estaban en funcionamiento seis infraestructuras hidráulicas cuyo título habilitante había expirado y cuestiona el control que el Consejo Insular de Agua realiza sobre los recursos hidráulicos, habida cuenta de que "no aportó información sobre la captación de agua subterránea o sobre el aprovechamiento de la superficial". En Fuerteventura las pérdidas se contabilizan en 32,2 millones, mientras que en Tenerife están entre los 2 y los 24 millones.
Según el informe, en Fuerteventura, las pérdidas detectadas se han calculado "por diferencia", ya que los gestores "no llevaban control sobre las existencias de agua ni sobre las pérdidas", asegura. En algunas contrataciones de infraestructuras hidráulicas realizadas en Tenerife el Tribunal resalta "la utilización del procedimiento de urgencia o emergencia sin que hubiera una motivación o sin que concurrieran las circunstancias dispuestas por la normativa".
