"El patrimonio de la Sra. Déniz se vio groseramente aumentado por el cobro de comisiones". Esta es una de las conclusiones que extrae la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife sobre el patrimonio acumulado por la que fuera alcaldesa de Arrecife entre el 11 de agosto de 2000 y el 16 de junio de 2007 tras los informes realizados por lal Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Inspección de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria. Según la UCO la exalcaldesa percibió ingresos y realizó compras en efectivo"sin justificar su origen, por la cantidad de 400.881 euros entre los años 2000 a 2010.
El servicio de recogida de basuras y limpìeza de Arrecife suscrito en octubre de 2002 con la empresa Urbaser le ha salido muy caro a la ciudad. Según las conclusiones de la juez que instruye la denominada operación Jable dentro del ´Caso Unión´ la alcaldesa adjudicó "de manera ilícita" a la empresa Tecmed (luego Urbaser tras su fusión en 2005) el contrato de recogida de residuos urbanos por 8,4 millones de euros durante 10 años.
Un concurso que estuvo amañado desde el principio hasta el punto que el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha (que también está acusado en esta trama y al que se le pide una fianza de un millón de euros) llegó a abrir las oficinales municipales por la tarde para manipular el sobre que contenía la oferta de la empresa Urbaser dado que era la peor situada.
"Con el fin de que a cambio de una comisión resultara adjudicataria la empresa Tecmed, aún no siendo la oferta más favorable para la Administración, existió un concierto de voluntades delictivas entre Manuel Andrés Martínez (jefe directivo y apoderado de Tecmed), Santiago Alonso Herreros (apoderado de Tecmed), Dimas Martín como ascendente político absoluto, así como María Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero, como Secretario de la Mesa de Contratación (con amplia experiencia al haber sido secretario del Ayuntamiento de Arrecife desde el 6 de agosto de 1976 hasta e 11 de marzo de 2005) y Juan Rafael Arrocha, como Jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, con la compra de voluntades que fuera necesaria para conseguir su fin", destaca el auto judicial sobre el papel jugado por los principales responsables de una trama en la que están acusados un total de 17 personas.
Se iniciaba a partir de ese momento un continuo pago de comisiones y regalos. De hecho, en el auto judicial se destaca que para cerrar este primer acuerdo consistente en la adjudicación del concurso a la mercantil, Tecmed, Jacinto Alvarez de la Fuente (gerente de Tecmed en Lanzarote) " entregó un primer pago a Dimas Martín en el Hotel Melia Castilla de Madrid".
La juez resalta que "con un animo de lucro aun más grosero si cabe" se suscribía el 1 de octubre de 2002 el contrato relativo a la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos con una duración de 10 años.
"En conclusión, mediante la alteración del concurso de servicios anteriormente descritos, se consiguió la adjudicación fraudulenta de un contrato de recogida de basuras y residuos a Tecmed por un precio de 2.194.699 euros, más dos contratos de obra sin licitación previa por un precio de 3.937.733 euros y 2.334.077 euros. Lo que supone un total de 8.466.510 euros de dinero públicoadjudicado de manera ilícita. El contrato de recogida de basuras de Urbaser se cuantifica en 700.000 euros mensuales, uno de los mas caros de España", concluye el auto.
"A cambio del ilícito favor y como contraprestación por el mismo, Jacinto Alvarez, gerente de Tecmed, entregó como pago un sobre de dinero a Miguel Angel Leal, hombre de confianza de la Sra.Déniz que pudiera ascender a 25 millones de pesetas (150.000 euros), siendo la segunda parte de un precio, ya que con anterioridad ya había entregado como pago otro sobre con 25 millones de pesetas (150.000 euros) cuya destinataria era la alcaldesa de Arrecife", asegura la juez.
En el esclarecimiento de toda la trama juega un papel relevante el gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez que anotó en varias libretas todos los pagos realizados a los políticos, cuadernos que fueron incautados por la UCO en una especie de piso franco. "Con una ambición por enriquecerse desmedida, la Sra. Déniz comenzó una serie de exigencias periódicas de objetos de lujo como relojes, joyas y bolsos, viajes, pagos en dinero y demás dádivas, que fueron periódicamente atendidas por el Sr. Álvarez, el cual dejaba constancia de las mismas en distintas agendas y cuadernos que auxiliaban su memoria, en las que procedió a efectuar comentarios a modo de "diario de un cohecho continuado"? y a través de grabaciones privadas en las que objetivaba no sólo las peticiones de la Sra. Alcaldesa, sino la necesidad en ocasiones de que fueran autorizadas por Manuel Andrés Martín y Santiago Alonso",señala el escrito de la juez.
El sumario destaca que "las agendas, cuadernos y grabaciones de Jacinto Alvarez en su intención de colaborar con la investigación aportan una amplia información sobre la forma de actuación de la trama y del propio Alvarez y su contenido viene corroborado periféricamente con el resultado de las entradas y registros, declaraciones de co-investigados y testigos, en detalles concretos de díficil coincidencia, destacando aquellas que se refieren a hechos, reuniones, mensajes o llamadas en las que interviene directamente Jacinto Álvarez que expone de manera perseverante", recalca la juez.
En sus anotaciones, Jacinto Álvarez mostraba su malestar por la continua exigencia de regalos y dinero de la alcaldesa, que retrasaba los pagos a la empresa para presionar. "Solo por el contrato de recogida de residuos urbanos alterado en el año 2002, existía una deuda a favor de la mercantil que ascendía a cuatro millones de euros en el 2005, lo que servía para presionar en el pago de las comisiones exigidas", señala el auto.
Según el escrito del juzgado "esta mecánica y modo de lucro" descubierta por la alcaldesa se reprodujo en el año 2005 con la adjudicación del pabellón deportivo de Argana Alta ala empresa FCC. Según la juez "la empresa que elaboró el proyecto, participada por el propio Arrocha recibió un pago de 130.000 euros. A ello se suma que Arrocha cobró el 25 de abril de 2005, la cantidad de 30.000 euros de FCC, por informar favorablemente a favor del proyecto de adjudicación del pabellón", a la vez que la alcaldesa obtenía un viaje a Marruecos para toda su familia por valor de 17.340 euros. A Déniz se le acusa entre otros de los por delitos contra la Administración Pública en sus modalidades de cohecho , trafico de influencias, delito de malversación de caudales y blanqueo de capitales.
