El juez exige dos millones de fianza a Montelongo por malversación

El juez Ricardo Fiestras ha dictado dos autos en los que da por concluida la instrucción de dos de las piezas del "caso Montecarlo", en la que se investiga la participación de concejales, funcionarios y empresarios de la isla en una trama que supuestamente desvió entre 2009 y 2011 alrededor de 5,60 millones del presupuesto municipal de Arrecife hacia algunas empresas que disfrutaban de "trato de favor" mediante múltiples adjudicaciones ilegales.

En el caso de Montelongo, el instructor considera que, como concejal de Hacienda de esa época, pudo cometer delitos de prevaricación y malversación al autorizar con la cooperación del interventor municipal Carlos Francisco Sáenz Melero, otro de los principales inculpados, el pago de 3,30 millones de euros a Tunera Producciones, de 2,30 millones a Inelcon y de 142.000 euros a Señalcon por trabajos para las áreas de cultura y festejos.

Los autos señalan al interventor Sáenz Melero (que también desempeñaba ese mismo cargo en otros municipios de Lanzarote y Fuerteventura) como el centro de "un entramado" que sirvió para que el Ayuntamiento de Arrecife adjudicara trabajos relacionados con fiestas, carnavales, conciertos y otros actos públicos a un número reducido de empresas, a precios, en muchos casos, por encima de los que se manejaban en el mercado.

Según relata el juez, las adjudicaciones a las empresas favorecidas por esta trama de concejales y funcionarios municipales se hacían casi siempre de forma verbal, al margen de todo expediente y a través de contratos fraccionados "de manera escandalosa" para que no se superara en ningún caso el límite que hubiera obligado a sacar esos trabajos a licitación (18.000 euros).

Luego, las empresas presentaban multitud de facturas al Consistorio, que se pagaban por la vía de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos llevados al pleno.

De esa forma, los concejales y funcionarios que presuntamente estaban al tanto de las ilegalidades cometidas "encubrían" su "delictiva y consciente participación" en esos hechos "bajo el manto de actos administrativos aprobados por el pleno del Ayuntamiento".

El juez exculpa de cualquier responsabilidad en esos hechos, por desconocimiento, a la mayoría de los concejales de la corporación que dieron su voto favorable a esos expedientes de reconocimiento de créditos en los distintos plenos, salvo a siete que sí considera que sabían lo que había.

Esos ediles son José Francisco Montelongo (Hacienda), Ángel Eduardo Lasso (Festejos), Víctor Manuel Sanginés (Festejos), Lorenzo Lemaur (Cultura), Isabel Martinón (Hacienda), Alberto Morales (Obras) y Víctor Manuel Betancort (Tráfico).

Contra todos ellos, observa indicios de que cometieron delitos de prevaricación, fraude y malversación y les exige fianzas que oscilan entre los 432.000 euros de Betancort (la menor) y los 1,90 millones de euros de Montelongo (la mayor).

En el caso del interventor municipal, el magistrado ve causa para juzgarlo por ocho delitos (dos de prevaricación, dos de fraude, dos de malversación y dos de falsedad en documento público) y le da tres días para depositar una fianza de 7,65 millones de euros.

El juez también ve posible responsabilidad penal en los empresarios Carlos Enrique Lemes (Inelcon y Señalcon), al que exige 3,25 millones de fianza, y Eduardo José Ferrer (Tunera Producciones), al que pide 4,40 millones de fianza.

Cuatro empleados municipales de las áreas de cultura y festejos también aparecen como imputados en alguna de estas dos piezas y un quinto lo está investigado en las dos, por su participación en la tramitación de los pagos de esos trabajos.