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'Caso Montecarlo' La trama de Arrecife

Las fiestas de la corrupción

La instrucción del 'caso Montecarlo' en Arrecife revela el pago de facturas engordadas y de trabajos no realizados por distintas empresas

Carlos Sáenz. LP / DLP

Las fiestas de Carnaval, Navidad, conciertos, festivales, ferias y mercadillos le han salido muy caros a los vecinos de Arrecife. La instrucción del denominado caso Montecarlo ha revelado una trama de corrupción en la que se han visto envuelta políticos, empresarios y funcionarios municipales del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2012. Se estima que el Ayuntamiento pagó algo más de seis millones de euros a distintas empresas al margen del procedimiento administrativo legal.

Una empresa de electricidad y señales (Inelcon y Señalcon), otra de sonido (Tuneras Producciones) y un entramado de empresas de aseroramiento (Gestecal, Recingest y Progestril) campaban a sus anchas por el Ayuntamiento con el beneplácito de políticos y técnicos. El 'modus operandi' de los empresarios era prácticamente el mismo presentar facturas, previamente engordadas, de trabajos realizados al margen de los controles administrativas y en muchos de los casos que ni siquiera se habían prestado. Posteriormente, los técnicos y concejales validaban las facturas con sus firmas para pagarlas con el visto bueno del interventor.

Según las investigaciones, Gestecal, Recingest y Progestril pudieron sustraer más de 300.000 euros de las arcas municipales, fuera de los cauces legales más elementales, mientras que Tunera Producciones habría obtenido 3,3 millones entre 2009 y 2012. En cuanto a las sociedades Inelcón y Señalcón se han visto beneficiadas en al menos 2, 4 millones. acreditado

El auto del juzgado de instrucción número 4 de Arrecife indica que los empresarios pasaban las facturas al Ayuntamiento "haciendo pasar los mismos servicios por varios distintos, o por obras en algunos casos para obtener un mayor lucro derivado de su fraccionamiento, o simulando la prestación de servicios en otros caso, de forma que se ha acreditado indiciariamente una comunicación directa con el Interventor (Carlos Sáenz) para tal fin, y en muchos de los casos, con cada uno de los responsables municipales que debían dar el visto bueno a la facturación. Asimismo, engordaba el importe facturado conocedor de que le sería pagado todo lo que consignase", señala el juez.

Para saltarse el control del departamento de Tesorería la fórmula elegida en la mayoría de los casos fue la aprobación en pleno de reconocimiento extrajudicial de créditos a los que acudía la corporación . "La principal garantía de cobro para el empresario, y la forma en que se efectuó por los máximos responsables municipales el pago de enormes cantidades de dinero público, a sabiendas de las múltiples irregularidades en que incurrían las facturas presentadas y de la ilegalidad de todo el entramado, por no respetarse la normativa administrativa de contratación ni las bases de ejecución del presupuesto municipal, no era su abono por la Tesorería, sino que estaba en los procedimientos de reconocimiento extrajudicial de crédito a los que acudía la Corporación y en los que se incluían dichas facturas", destaca el auto.

Con este reconocimiento extrajudicial de crédito "se encubría la delictiva y consciente participación de los investigados bajo el manto de actos administrativos aprobados por el pleno del Ayuntamiento, por los que se reconocían las obligaciones contraídas y se convalidaba el pago de las facturas, dotándoles con ello de aparente legitimidad a dicha convalidación por medio de un acto de aprobación dictado por la mayoría de la Corporación", recalca el juez. Es decir, se utilizaba al resto de concejales del Ayuntamiento para abonar las facturas irregulares.

Una trama en la que el alcalde de Arrecife, José Montelongo (que fue edil de Hacienda por el PSOE bajo el mandato de Cándido Reguera del PP y fallecido en 2015) se ha visto directamente implicado. Según el juez, el Ayuntamiento, a través de su concejal de Hacienda José Montelongo e interventor Carlos Sáenz, como responsables de la formación de los expedientes de reconocimiento de deuda extrajudicial y máximos garantes de un correcto gasto público, se sirvió al menos los años 2011 y 2012 para enmascarar la ilegalidad de dichos pagos incumpliendo las condiciones para ello".

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