El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, solicita fianzas por unos 36 millones de euros para 21 políticos, empresarios, técnicos y funcionarios y seis sociedades mercantiles tras concluir la instrucción de las tres piezas separadas del 'Caso Montencarlo', que investiga una supuesta malversación de caudales públicos a través de la contratación y pagos de servicios de forma fraudulenta, por valor que ronda seis millones de euros en el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2012.
Los hechos por los que están acusados se tipifican como delitos contra la administración pública en su modalidad de prevaricación, fraude, y/o malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros. Si los acusados no pagan, se procederá a embargar sus bienes para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se deriven del final del proceso judicial.
Una de las tramas que irá a juicio es la relacionada con las empresas Gestecal S.L., Recingest S.L. y Progestril S.L., propiedad del empresario José Vicente Montesinos, al que el magistrado solicita que deposite 925.468,34 euros. Las mercantiles se dedicaban a asesorar en materia financiera al departamento de compras de la Concejalía de Hacienda y a la redacción de pliegos de contratación para el suministro de diversos conceptos. En esa causa el actual interventor, Carlos Sáenz, debe hacer frente al mismo montante que Montesinos, mientras que Javier Betancort, que en base a lo indagado por el juez dirigía en la práctica las empresas de Montesinos, la cifra que se demanda es 382.900 euros.
El ex concejal de Hacienda del PIL en Arrecife José Miguel Rodríguez ha sido requerido para que abone 382.900 euros y 89.600 el abogado Federico Toledo en la investigación de Gestecal S.L., Recingest S.L. y Progestril S.L., sociedades que tendrán que satisfacer 85.059,89 euros, 225,400 euros y 103.600 euros, respectivamente.
La empresa Tunera Producciones, del empresario Eduardo José Ferrer, centra otra de las piezas separadas de Montecarlo en la capital. Según el auto de Fiestras, los indicios permiten "sostener la existencia de un trato de favor" con el empresario "como si fuera la única persona capaz de organizar eventos en Arrecife, para que éste se enriqueciera de forma injustificada durante varios años". Al interventor se le piden 4,4 millones, la misma cifra que al empresario y su sociedad Tunera Producciones S.L., recoge el auto.
Más implicados
Para el actual alcalde de Arrecife, José Montelongo (PSOE), concejal de Hacienda en la época investigada, el juez propone una fianza de 597.018,21 euros por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Ese montante se suma al que se le exije de 1,3 millones por los mismos delitos en la tercera de las piezas de Arrecife, la relativa Instalaciones Eléctricas Conejeras S.L. (Inelcon) y Señalizaciones Conejeras S.L. (Señalcon), empresas de Carlos Lemes.
En Tunera también están acusados los ex ediles Eduardo Lasso del PIL (851.559 euros); Víctor San Ginés, del PSOE (193.998,09 euros), Isabel Martinón, entonces en el PNL y ahora en Ciudadanos (348.178,33 euros); y Lorenzo Lemaur, del PP (641.745,34 euros). A su vez han sido investigados los técnicos Miguel Ángel Leal (123.231,64 euros), José Nieves (1,2 millones); Blas Antonio Cedrés (20.615) y Francisco Hernández (116.860,73 euros).
Por último, en relación a Inelcon y Señalcon, a las que se les daban "sin control" instalaciones eléctricas en fiestas de Carnaval, Navidad, mercadillos o reparación de semáforos, ambas sociedades deben desembolsar 3,2 millones, al igual que Lemes y el interventor. Los técnicos Miguel Ángel Leal, José Nieves, Penélope Tabares, José Antonio Cabrera e Isidro Hernández deberán asumir 400.000, 648.660, 480.000,176.000 y 78.200 euros, respectivamente. Los ex ediles Eduardo Lasso (PIL), 536.000; Isabel Martinón (PNL), 681.000; Víctor San Ginés, 1,2 millones; Alberto Morales, 532.000; y Víctor Betancort, 432.000 euros (PSOE).
