A 700 euros la hoja fotocopiada, idéntica e innecesaria y así hasta alcanzar los 200.000 euros por la elaboración de pliegos para el suministro de material para el Ayuntamiento de Arrecife. Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Arrecife tras la instrucción llevada a cabo en una de las piezas del 'Caso Montecarlo' en el que se investiga los pagos realizados por el Ayuntamiento de Arrecife a las empresas de asesoramiento Gestecal, Recingest y Progestril entre los años 2008 y 2010.
Según el juez, el procedimiento defraudatorio consistía en la celebración de supuestos contratos por parte del concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez (PIL) y del interventor municipal, Carlos Sáenz, "careciendo de toda competencia para ello, con las entidades mercantiles Gestecal, Recingest y Progestril (dirigidas y administradas por Javier Betancort Tubau y José Vicente Montesinos, respectivamente) a las que se les adjudicaba de forma directa con manifiesta infracción de la normativa de contratación pública la prestación de supuestos servicios de asesoramiento financiero al Departamento de Compras de la Concejalía de Hacienda, así como la elaboración de pliegos de contratación para el suministro de diferentes conceptos", destaca el auto.
Para el juez los contratos de elaboración de pliegos "también eran un mecanismo defraudatorio desde su inicio, toda vez que no eran en modo alguno necesarios, ya que se trataba de un servicio que podía ser prestado por los servicios municipales sin necesidad de su externalización, y podían haberse obtenido los modelos de pliegos directamente de la web oficial del Gobierno de Canarias, como era práctica habitual del departamento de contratación", asegura. "De hecho, dichos pliegos eran en realidad meras fotocopias que no sirvieron de utilidad al Ayuntamiento ni se utilizaron para licitación alguna", sentencia el juez.
Fraude
Todos los modelos remitidos al Ayuntamiento por las empresas de asesoramiento consisten "en idénticos documentos con los mismos epígrafes, en los que únicamente varía una sola palabra, la relativa al suministro concreto objeto del contrato, de 18 folios de extensión de texto idéntico en cada uno de ellos, y por importes individuales de entre 12.000 y 18.000 euros, lo que hace el Ayuntamiento de Arrecife haya pagado aproximadamente 700 euros por cada uno de los folios fotocopiados e idénticos de cada uno de los pliegos, hasta alcanzar los aproximadamente 200.000 euros aludidos", afirma el auto.
Entre los pliegos para la contratación de suministros se encuentran para la compra de combustible para la policía local, ferretería, repuesto de vehículos del parque móvil, material de limpieza, suministro de cemento, aglomerado asfáltico, jardinería, librería y material informático, entre otros.
El abono de las facturas constituyó, según el magistrado, un fraude al Ayuntamiento de Arrecife, "toda vez que el ficticio servicio de asesoramiento a la Concejalía nunca iba a prestarse, y nunca se prestó, de forma idéntica al sistema defraudatorio que los mismos investigados Carlos Sáenz Melero, José Vicente Montesinos Ramírez, y Javier Betancort Tubau, habían instaurado en el Ayuntamiento de San Bartolomé entre los años 2005 y 2007 con la misma mercantil Recingest", recuerda.
La instrucción también ha acreditado que con el fin de garantizarse desde el propio Ayuntamiento que las empresas de José Vicente Montesinos cobrasen las facturas pendientes, incluso vía judicial, en el mes de octubre del año 2011 fue designado por el alcalde Cándido Reguera (fallecido en 2015), al investigado Federico Toledo Guadalupe como letrado en defensa de los intereses municipales en ambos procedimientos contenciosos, "pero solo aparentemente", matiza el auto judicial.
Y es que Federico Toledo como letrado de TGA Asesores y vinculado "tal y como ha reflejado la minuciosa investigación policial al investigado Javier Betancort (también mercantilmente con éste a través de la sociedad Gesineal y con José Vicente Montesinos por medio de Tributos La Oliva) ejerció dicha defensa erráticamente con el fin de no impedir que los Juzgados estimaran las demandas interpuestas por las empresas de Montesinos y reconocieran la obligación de pago del Ayuntamiento, dejando incluso de interponer recurso contra su estimación de forma deliberada".
El juez considera que Montesinos podría incurrir en un delito contra la administración pública en su modalidad de prevaricación, fraude, cohecho y malversación de caudales públicos, así como delito de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. El interventor está acusado de delitos contra la administración pública en su modalidad de prevaricación, fraude, cohecho y malversación de caudales públicos, así como de falsedad en documento público y blanqueo de capitales.
A Javier Betancort y José Miguel Rodríguez se les acusa de los delitos contra la administración pública por prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. A Federico Toledo se le imputa por malversación de caudales públicos y contra la administración de justicia en su modalidad de deslealtad profesional dolosa, según las conclusiones del Juzgado.
