Los números no dejan lugar a dudas sobre la malversación de caudales públicos a la que se ha visto sometido el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2002 y 2012. Según las investigaciones judiciales y policiales se estima que el consistorio capitalino ha abonado más de 16 millones de euros por obras y servicios cuyos contratos y facturas se han saltado todos los controles administrativos y legales. La dimisión hoy del actual alcalde de Arrecife, el socialista José Montelongo, por su implicación en el denominado 'caso Montecarlo' acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación administrativa es solo un capítulo más de la década más oscura de la ciudad.
Una década en la que se han destapado un total de cinco tramas de corrupción con el epicentro en el Ayuntamiento de Arrecife en el que están investigadas un total de 52 personas. El pago de facturas falsas al abogado Francisco Rodríguez Batllori, el cobro de comisiones por la adjudicación de obras por los concejales del PIL en el caso Unión, la denominada operación Jable que afecta directamente a la exalcaldesa, María Isabel Déniz, la trama Proselan por obras eléctricas y el caso Montecarlo que ha terminado con la dimisión de Montelongo son las tramas que han pasado o se encuentran todavía en los juzgados de Arrecife.
Folios fotocopiados idénticos e innecesarios a más de 700 euros la unidad, viajes a Marruecos, Madrid y Kenia a todo lujo, regalos de bolsos y relojes de marca, sobres con dinero negro de comisiones y facturas por trabajos no realizados son algunos de los episodios en los que se han visto envueltos políticos, empresarios y funcionarios municipales durante los últimos años en Arrecife.
De las cinco tramas, dos han sido ya juzgadas: El pago de facturas falsas entre los años 2008 y 2009 al exviceconsejero de Justicia, Francisco Rodríguez Batllori a cambio de realizar gestiones para Dimas Martín que también ha sido condenado y la trama de Proselan por trabajos ficticios de montaje y desmontaje de las luces para decorar las fiestas de los barrios y para los carnavales en 2009.
La 'operación Jable' dentro del 'Caso Unión' es, sin duda, una de las tramas más escandalosas. El juez ha solicitado una fianza de 1,7 millones de euros para la que fuera alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz por el presunto cobro de comisiones ilegales entre los años 2002 y 2010. Según las investigaciones la regidora que fue del PIL y luego de CC podría haber recibido al menos 450.000 euros en regalos y dinero negro por haber beneficiado a la empresa adjudicataria del servicio de basuras (Urbaser) y la construcción de un pabellón deportivo a FCC. Solo a la empresa Urbaser el juez calcula que se otorgó obras y servicios de forma fraudulenta por 8,4 millones.
"Con una ambición por enriquecerse desmedida". Así de tajante se mostró la juez de primera instancia número 5 de Arrecife en el auto que daba pie al procedimiento de juicio oral contra Déniz.
Otro de los casos más sonados tuvo lugar entre los años 2007 y 2009 durante el pacto entre el PSOE y el PIL. Según el juez se investiga una trama corrupta que pudiera existir en el Ayuntamiento de Arrecife a través varios concejales del PIL (entre ellos José Miguel Rodríguez que ha confesado los hechos) con la connivencia del jefe de la Oficina Técnica en el momento de los hechos, Rafael Arrocha (que ya ha sido condenado a 5 años y tres meses de cárcel por el caso Proselan) y bajo el ascendente político del fundador del PIL, Dimas Martín para el que la fiscalía pide 17 años de cárcel.
Este caso fue uno de los detonantes del macrocaso Unión. De hecho, la operación se aceleró cuando se tuvo constancia de que uno de los empresarios iba a entregar un sobre con una comisión de casi 100.000 euros al tesorero del PIL, Matías Curbelo, que por cierto, también ha confesado los hechos en los juzgados.
El último de los episodios le estallaba la semana pasada al actual alcalde en lo que se viene a llamar el 'caso Montecarlo' que afecta a tres empresas: una de sonido, otra de electricidad y señales de tráfico y un entramado de sociedades de asesoramiento. De nuevo, el interventor, que todavía tiene su plaza en el consistorio capitalino, está en el centro de todas las irregularidades. La investigación patrimonial realizada por la Unidad de Delito Económico de la Policía Nacional considera que Sáenz podría haber recibido al menos 300.000 euros entre los años 2004 y 2012 dado que también se investiga sus actuación como interventor en los ayuntamientos de San Bartolomé y La Oliva.
