Los abogados de José Montelongo han solicitado en los dos recursos presentados ayer en los juzgados de Arrecife contra los autos de las piezas separadas de Tunera Producciones e Inelcon y Señalcon, respectivamente, en los que se acusa al alcalde de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en el 'caso Montecarlo', el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones que se le imputan a su representado al entender que no existen indicios suficientes que lo relacionen con esos presuntos delitos.
Además, piden que subsidiriamente se reabran diligencias previas para que se llame a declarar en calidad de testigo a 19 concejales y exconcejales del Ayuntamiento de Arrecife del PSOE, PP, CC, AC y el PIL que respaldaron, se abstuvieron o votaron en contra de los acuerdos plenarios de 18 de noviembre de 2011 relativos a pagos de facturas que ya estaban reconocidas con cargo a una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO); reconocimientos extrajudiciales de facturas para liquidarlas igualmente con cargo al ICO; y la suscripción de un crédito de legislatura con el BBVA para sufragar cantidades pendientes de reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Arrecife. El importe total de las cantidades investigadas supera los 4,5 millones de euros.
Por otro lado, en la sesión de 14 de mayo de 2012 se aprobó la operación de préstamo excepcio- nal derivada del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales regulada en el Real Decre- to Ley 4/2012.
Algunas de las facturas investigadas habían sido reconocidas y aprobadas con anterioridad a que Montelongo asumiera la Concejalía de Hacienda, según ponen de relieve sus letrados.
"No se explica por qué se acusa a mi defendido", recogen los recursos, "cuando fueron trece los concejales del PP y PSOE que votaron a favor [CC se abstuvo y AC votó en contra] de los tres acuerdos adoptados en el pleno de 18 de noviembre, acuerdos estos todos completamente legales, hasta el punto de que ni siquiera aquellos que votaron en su contra han cuestionado su legalidad ni impugnado la validez de los mismos ante la jurisdicción competente". En ese sentido, se pide que se llame a declarar a Nayra Callero, Joel Delgado, Cristina Marrero, Vicente Dorta, David Rodríguez, Ángela Hernández y Carmen Sáez, del PP; Manuel Fajardo, Ascensión Toledo, María Teresa Lorenzo, Orlando Umpiérrez y Jacobo Lemes, de CC; Pedro Viera, Francisca Toledo, Víctor San Ginés y Eva de Anta, del PSOE.
Respecto a la sesión plenaria de mayo de 2012, se solicita la testifical de los anteriores cargos públicos más las de Blanca Blancas y Domingo García, de AC, y Juan Jesús González, del PIL. CC, PSOE y AC votaron a favor y el PP y el PIL se abstuvieron.
Mayorías diferentes
La defensa de Montelongo argumenta que los grupos de gobierno que ostentaban las mayorías en los plenos cuestionados en Arrecife eran "completamente diferentes", por lo que "resulta inverosímil que mi representado indujera a los concejales del PP y luego a los de CC y AC para votar a favor de unos acuerdos que ni tan siquiera la oposición ha cuestionado por ser contrarios a derecho".
El propio Montelongo aseguró la pasada jornada que tanto el plan de pago a proveedores, al que se acogieron la mayoría de los 88 ayuntamientos de Canarias, como el reconocimiento extrajudicial de facturas son legales. Afirmó también que "mientras no haya una sentencia, como en el 'caso Proselan', el ayuntamiento no va a solicitar el reintegro de las cantidades supuestamente sustraidas porque no soy juez".
En relación al 'caso Montecarlo' el juez considera que políticos y técnicos "para saltarse el control de Tesorería la fórmula elegida en la mayoría de los casos fue la aprobación en pleno de reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de la corporación".
