La Fundación César Manrique (FCM) ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias al entender que el actual documento supone "una amenaza de primer orden para la economía, la ordenación del territorio, el paisaje y los recursos naturales de Canarias". Las alegaciones presentadas el pasado 26 de abril ante la Consejería de Política Territorial,Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias comienzan haciendo una crítica a la ausencia de un análisis y diagnóstico de la situación territorial, urbanística, medioambiental y turística de Canarias sobre la que el Anteproyecto pretende incidir. La FCM advierte que el Anteproyecto de Ley del Suelo "hace tabla rasa con la cultura legislativa del territorio acumulada en las Islas durante los últimos lustros, desprecia la cultura social urbanístico-territorial construida en Canarias y, bajo el formato de una ley clásica del suelo, en realidad se presenta como un instrumento destinado a hacer saltar por los aires avances históricos en materia de gestión y ordenación del territorio, como condicionante previo a los usos del suelo: jerarquía superior a lo local en el gobierno del territorio, sostenibilidad y carga, suelo como recurso limitado, valores naturales".

La FCM, en sus alegaciones, destaca el rechazo a la nueva distribución de competencias, que ahora recaen sobre los municipios, acabando con el principio de ordenación integrada: "Se trata de la cuestión de más hondo caladodel anteproyecto y del objetivo principal de los agentes políticos y económicos, que pretenden la 'voladura controlada' de un sistema que ha funcionado razonablemente bien desde la constitución de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que responde a la necesidad de garantizar la cohesión territorial y social de las islas como adecuado contrapeso a su fragmentación natural y a las asimetrías entre los municipios". En el documento de Alegaciones presentado por la FCM se añade a este respecto que "ninguna de las Comunidades

Autónomas reconoce a la totalidad de los Ayuntamientos la competencia para aprobar definitivamente su propio planeamiento general, ni para realizar la evaluación ambiental estratégica de los correspondientes instrumentos de ordenación, y en general tampoco renuncian al control previo de legalidad; y cuando atribuyen la competencia parala aprobación definitiva del planeamiento, tal posibilidad queda limitada a los municipios de mayor población...".

Según la FCM aunque en el documento se señala que "aunque se diga que "el Gobierno de Canarias desempeña un papel determinante en la ordenación del territorio y los recursos naturales", lo cierto es que con los criterios de distribución de competencias de los artículos 13, 14y 15 del Anteproyecto, el Gobierno de Canarias renuncia al ejercicio efectivo de sus competencias exclusivas, y vacía de contenido los instrumentos de ordenación de ámbito autonómico y los informes sobre el planeamiento insular y municipal, con lo cual se produce la amputación de su más importante competencia exclusiva y el debilitamiento de la unidad regional y de la cohesión territorial y social.

Sobre el régimen jurídico del suelo rústico la FCM señala que "las disposiciones del anteproyecto resultan especialmente preocupantes, puesto que supondrían unaextraordinaria permisividad no solo a los que pueden considerarse usos característicos del suelo rústico (agrícolas, ganaderos, forestales, extractivos, o de infraestructura), legitimados únicamente por licencia municipal, sino también a usos deportivos, de ocio, turísticos, culturales, científicos, docentes y divulgativos que pasan a considerarse como usos, actividades y construcciones ordinarios del suelo rústico.