El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por la asociación de juristas Jiménez de Asúa contra el juez César Romero Pamparacuatro por el trabajo que realizó en Lanzarote mientras fue instructor del 'caso Unión' a partir del año 2008 cuando se destapó una de las mayores tramas de corrupción de Canarias. La decisión del TSJC avala la instrucción de Pamparacuatro a pesar de los múltiples recursos que han interpuesto los acusados no solo contra este juez sino contra la actual magistrada que lleva este caso, Silvia Muñoz.

La inadmisión a trámite de la querella implica que la Sala no observa, ya de inicio, ningún indicio de delito en los hechos que esa asociación atribuye al juez Romero Pamparacuatro. Uno de los motivos del recurso sostenía que el juez había dictado varias resoluciones sobre este caso mientras se encontraba de vacaciones en La Palma. No obstante, el TSJC entiende que no ha existido "mala fe" por parte del magistrado ni ánimo doloso en sus actuaciones.

La Asociación de Juristas en Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa ha solicitado personarse en buena parte de los procedimientos que constituyen el caso Unión cuando la instrucción de estos ya estaba terminada o casi completa.

También ha tratado de apartar del caso a su actual instructora, Silvia Muñoz, mediante una recusación, pero la Audiencia de Las Palmas no se lo ha admitido. En un auto emitido esta semana, la Audiencia Provincial de Las Palmas no solo contesta a este colectivo que no ha justificado "mínimamente" sus razones para recusar a la juez Muñoz, sino que aprecia en su actuación una "mala fe" procesal que cree destinada a "dilatar" la tramitación de este procedimiento de presunta corrupción.

El 'caso Unión' destapó el pago de facturas falsas al abogado Francisco Rodríguez Batllori que ha sido ya condenado , el cobro de comisiones por la adjudicación de obras por los concejales del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife en la que se pide 17 años de cárcel para Dimas Martín y la denominada operación Jable que afecta directamente a la exalcaldesa, María Isabel Déniz a la que se le solicita una fianza de 1,7 millones de euros por el presunto cobro de comisiones ilegales entre los años 2002 y 2010. En estras tres tramas están implicadas más de una treintena de personas.