El fiscal Ignacio Stampa ha solicitado dentro de la pieza separada del caso Montecarlo que investiga supuestos pagos irregulares por un montante superior a los 280.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife a las empresas Gestecal S.L., Recingest S.L. y Progestril S.L., el decomiso de los saldos de seis cuentas bancarias, una vivienda en Puerto del Rosario (Fuerteventura) y dos vehículos, vinculados a la trama liderada por el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz. En este procedimiento se investiga la adjudicación fraudulenta de contratos de asesoramiento por parte del consistorio a dichas mercantiles, del empresario José Vicente Montesinos, con la colaboración del interventor municipal y el exedil de Economía y Hacienda José Miguel Rodríguez (PIL) para poder desarrollar las actividades ilícitas.
El interventor se enfrenta a 15 años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude. Las mismas penas se reclaman para el empresario José Vicente Montesinos. Tanto a Sáenz como a Montesinos la Fiscalía les pide una multa de 770.000 euros. Al primero se le añade una responsabilidad civil de 310.544,92 euros, al igual que a Montesinos, sobre cuyas tres empresas pesa una solicitud por el mismo concepto e idéntica cantidad. El exconcejal se enfrenta a un año de cárcel y a cinco años y diez meses, el economista Javier Betancort, que trabajó para Montesinos. Por su parte, al abogado Federico Toledo se le demandan cuatro años y diez meses de prisión.
En concreto, la reclamación de incautación se centra en los saldos existentes entre los años 2002 y 2012 sobre una cuenta corriente del Banco Santander, otra de CajaCanarias y otra de Banca March pertenecientes al interventor de Arrecife, en las que se realizaron ingresos en efectivo con dinero procedente, presuntamente, de los pagos irregulares. Según la Fiscalía Sáenz ingresaba en las cuentas pagos en efectivo procedentes de los montantes que le entregaba Montesinos tras abonarle las facturas fraudulentas los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva (Fuerteventura). Sáenz prestó también sus servicios como interventor en estas dos últimas instituciones locales.
Asimismo, la Fiscalía plantea requisar el montante de los saldos existentes a fecha de 25 de mayo de 2012 en las cuentas corrientes de las sociedades Recingest S.L. (Caja Insular de Ahorros-Bankia), Recingest S.L. (La Caixa) y Progestril S.L. (Banco de Santander). Esta última empresa es titular de una vivienda situada en Puerto del Rosario, para la que el fiscal pide el decomiso. Sáenz avaló el crédito de la casa e hizo abonos en efectivo para amortizar la hipoteca por una cifra superior a los 71.000 euros.
Por otro lado, la Fiscalía reclama decomisar un vehículo a nombre de Tributos La Oliva, para cuyo pago Sáenz "ingresaba dinero en efectivo procedente de sus actividades delictivas". El crédito solicitado fue de 27.141 euros. También se pidió otro crédito de 50.000 euros para la adquisición de otro coche.
