El Diputado del Común ha apercibido a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias con acudir al Ministerio Fiscal si no ejecuta el derribo parcial de tres chalés situados en la urbanización La Bufona de Arrecife por haber ocupado ilegalmente suelo rústico de valor natural ecológico. La Apmun dictaba en enero de 2013 sendas resoluciones en las que se ordenaba a los propietarios de tres viviendas de la calle Chabusquillo de Arrecife el derribo de parte de sus inmuebles (entre los que se encontraba una piscina, una zona jardinada, un cerramiento perimetral y un pequeño cuarto).
La resolución del Diputado del Común destaca que "el restablecimiento del orden jurídico perturbado por una obra ilegal es de ejercicio inexcusable y ante una orden de demolición firme no cabe adoptar ninguna decisión en sentido contrario que la deje inoperativa o sin efecto, puesto que si así se actúa o se persiste en seguir, debo advertir a usted (Apmun) que está ante un ejercicio desviado de las potestades administrativas, el cual se puede incardinar en un ilícito penal".
La Apmun argumentaba para no ejecutar su propia orden de derribo que sobre la urbanización donde se encuentran los tres chalés existen varios litigios judiciales que impiden acometer las órdenes de demolición dictadas y que sólo tres de ellas (de las 14 viviendas afectadas) han adquirido firmeza al no haber sido recurrida por los afectados.
"Se dice en su escrito (el enviado en febrero de este año por la Apmun) que por motivos de racionalidad técnica y de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa impiden ejecutar de forma individualizada las órdenes de demolición cuando lo cierto es que por la ineficacia e ineficiencia de la actuación de esa agencia (la orden de de suspensión y precinto acordado por la Apmun, en julio de 2000, que no se llevó a cabo como debió ser cuando se estaba realizando la constucción de esas obras ilegales, hecho probado según la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Arrecife) se está ahora en esta situación de tener que derribar lo ilegal, cuando sean firmen las demás órdenes de demolición de los afectados en La Bufona", destaca el Diputado del Común.
En la misma resolución se destaca que "habiendo ya realizado esa APMUN un grave incumplimiento legal de sus obligaciones en cuanto a la vigilancia del precinto y su respeto, debe incoar el procedimiento de responsabikidad disciplinaria correspondiente al haberse permitido la continuación de las obras ilegales, culminándose las mismas y creando un grave problema para la sociedad en general, como es el derribo de parte de 14 inmuebles y los litigios que han dado lugar y por tanto para el interés general,.Y en este momento no se puede dar lugar a otro nuevo incumplimiento greave legal, la inejecución de lasnórdenes de derribo firmes existentes", afirma.
El Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife condenaba en enero de este año a los promotores de La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, a casi seis meses de prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio y les obligaba a costear la demolición parcial de las 14 viviendas.
