El juicio por la apertura en febrero de 2009 sin licencia de funcionamiento del Teatro Insular ha quedado visto para sentencia hoy en el Juzgado de lo Penal Nº3 de Arrecife. En el banquillo de los acusados se sentaron el exalcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla (PSOE), el exconcejal de Urbanismo Ubaldo Becerra (PIL) y el exconsejero de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote Rubén Placeres (PSOE), acusados cada uno de ellos de presuntos delitos de prevaricación. La fiscal Laura Ordás ha rebajado en un año la pena de nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público que pedía para cada uno de los investigados, al tener en cuenta el atenuante de dilación indebida del procedimiento, cuya investigación comenzó en el año 2009 en el marco del ´Caso Unión´. Ninguno de los tres procesado ostenta responsabilidades públicas en la actualidad. Pérez Parrilla y Becerra están acusados de ser autores de sendos delitos de prevaricación por permitir, presuntamente, que el Teatro Insular acogiera dos conciertos (el 4 y 13 de febrero de 2009) pese a la advertencia de informes técnicos que alertaron de deficiencias en materia de seguridad. Por su parte, Placeres ha sido investigado como inductor del citado delito tras las insistentes llamadas telefónicas a Becerra para que otorgara la licencia para la celebración, al menos, del primero de los conciertos programados. Incluso, un informe técnico del Cabildo advertía también de problemas de seguridad que se tenían que subsanar antes de celebrar cualquier actuación en el recinto.

En su intervención final la fiscal afirmó que "se ha dictado una resolución administrativa arbitraria" al no existir una autorización para la apertura del teatro por escrito sino por teléfono por parte del Ayuntamiento de Arrecife, aún conociendo los informes negativos existentes al respecto,"en un ejercicio arbitrario de poder que lleva a la pérdida de confianza de los ciudadanos" en las instituciones. Ordás puntualizó que el permiso no se dio por escrito por parte del alcalde de Arrecife en ese momento porque "sabía que no podía hacerlo".

Los tres abogados de la defensa pidieron la absolución de sus clientes al entender que lo ocurrido no debería ser objeto de un procedimiento judicial sino administrativo.Argumentaron que con el estallido de la ´Operación Unión´ en mayo de 2009 la tendencia fue la de "criminalizar cualquier acto que se interviniese", llegó a afirmar el letrado de Placeres, Vicente de León.