La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha emitido un duro informe contra el nombramiento el pasado 13 de junio por parte de la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, de la nueva funcionaria para el ejercicio de las funciones públicas del puesto de trabajo de Secretaría del consistorio capitalino, Pilar Machín en sustitución de Javier López, que venía ocupando este puesto en los últimos años. "El acto de nombramiento puede ser inválido, al emanar de una Administración que no es competente para conferirlo, vicio que puede afectar a la validez y eficacia de los actos y acuerdos en los que haya intervenido, Pilar Machín Henríquez como fedataria pública", señala el informe.
Una resolución que podría suponer la anulación de todos los acuerdos que se hayan adoptado en el Ayuntamiento de Arrecife en las dos últimas semanas, dado que la gran mayoría de los asuntos del consistorio tienen que contar con el visto bueno del secretario municipal. De la misma manera, el anterior secretario, Javier López ha presentado otro escrito en el que se niega a rubricar todos los asuntos que se habían quedado pendientes durante su etapa al entender que ha sido desautorizado por la alcaldesa.
La plaza de Secretaría del Ayuntamiento de Arrecife está vacante desde marzo de 2005 cuando cesó en el cargo, Felipe Fernández Camero. Durante este tiempo este puesto ha sido ocupado por distintos funcionarios habilitados del Ayuntamiento y por el exjefe de la Oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, Leopoldo Díaz entre marzo de 2013 a junio de 2015.
En el informe de Función Pública remitido al Ayuntamento se cuestiona la resolución elaborada por el consistorio para destituir al anterior secretario. "Por de pronto, la designación del indicado funcionario (Francisco Javier López) como Secretario accidental a partir del 8 de junio (...) se fundamentó en la Resolución de esta Dirección General en la que figuraba como suplente con el orden de prelación número 1. Excistía pues un título habilitante para que la corporación efectuara tal designación, cuya duración en el tiempo se estimaba, en todo caso, incierta, por lo que , a lo sumo, la Corporación pudo demandar de esta Administración algún tipo de ratificación del nombramiento, si dudaba de su legalidad, circunstancia que no se produjo", indica el Gobierno.
De la misma manera, a Función Pública le llama la atención que la alcaldesa justifique el cambio de secretario a la urgencia de cubrir este puesto. "Llama la atención que se invoquen razones de urgencia, cuando las funciones del puesto de trabajo de Secretaría ya están siendo ejercidas por funcionario público y lleva vacante por inexistencia de titular definitivo, desde el año 2005", sostiene.
Función Pública recuerda en su escrito que "razones de legalidad, seguridad jurídica y prudencia hubieran aconsejado diferir cualquier decisión hasta el pronunciamiento expreso de esta Dirección General, de quien se demandó el nombramiento en vitud del decreto de 10 de junio de 2016". Además, recalca que "la actuación municipal no ha sido respetuosa con el principìo de lealtad institucional, en orden de garantizar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias".
