El proyecto elaborado por el Cabildo en colaboración con el Gobierno de Canarias que se lleva a cabo para convertir a La Graciosa en una isla cien por cien sostenible, es decir, con autosufiencia energética, pretende convertir ese pequeño territorio insular, de apenas 28 kilómetros cuadrados y alrededor de 650 habitantes, en un referente mundial de buenas prácticas en los campos de la energía, el agua y la gestión de los residuos.
El consejero de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, celebró ayer en la sede cabildicia un encuentro de trabajo con el presidente insular, Pedro San Ginés, en el que participaron otros cargos públicos y también técnicos de ambas instituciones, en el que se abordaron diversos asuntos en materias de energía y comercio. "Apostamos porque La Graciosa se convierta en un laboratorio en medio del Océano Atlántico de una isla sostenible al 100% en el que no solo la producción de energía sea sostenible [a través de recursos como el sol y el viento], sino también el tratamiento de residuos o la depuración de agua, modelo que tiene que ser extensible a otras islas", destacó Ortega.
Sobre la sostenibilidad de La Graciosa, Ortega indicó que "estamos en línea con los logros previstos". Por su parte, San Ginés, adelantó que el Cabildo aportará 100.000 euros para subvencionar la instalación de placas fotovoltaicas en esa isla.
En la actualidad se ejecuta el proyecto de microrred inteligente de distribución en La Graciosa, liderado por Endesa, en el que participa el Gobierno de Canarias y que consiste en el desarrollo de un proyecto de I+d con el que se pretende ejecutar una instalación que pueda estabilizar la red de distribución eléctrica ante un escenario de generación distribuida masiva, en el que cada consumidor pueda ser, a la vez, consumidor y generador, mediante instalaciones fotovoltaicas. El objetivo es, en caso de éxito, trasladar esa tecnología a otras islas de mayor tamaño.
Por otro lado, Lanzarote quiere potenciar el uso de coches de consumo bajo en carbono y para ello trabajará de forma conjunta con la Plataforma de Impulso al Vehículo Eléctrico en Canarias, promovida por la Consejería de Economía, Industria y Hacienda. La función de dicha plataforma es coordinar, dinamizar y apoyar a los agentes del sector, así como diseñar y promover una estrategia regional efectiva que permita superar las barreras existentes que dificultan la introducción del vehículo eléctrico en Canarias.
En opinión de Ortega, "Lanzarote es una isla ideal para extender el coche eléctrico, con lo que hay que hacer una tarea de divulgación para que sea un elemento de transporte de futuro". Añadió que "este Gobierno tiene claro que Canarias tiene que ser 100% sostenible en la medida de lo posible".
En la Isla, según cálculos de la Cámara de Comercio, existen entre 70 y 80 coches eléctricos y seis en La Graciosa. Además, hay tres puntos de recarga rápida (uno en Playa Blanca, otro en el Monumento al Campesino y otro en Arrieta), los tres financiados por el Cabildo e instalados este año por IBIL Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico. Además, en 2012 comenzó a funcionar la primera fotolinera de Canarias en las instalaciones del Centro de Innovación Empresarial de la Cámara de Comercio gracias a la colaboración entre ese ente cameral, Suntelco, Infraestructuras Eléctricas Canarias y Renault. Asimismo, existe otro punto de recarga en un complejo alojativo turístico de Puerto del Carmen, en Tías.
Proyectos de ahorro
También en materia energética, San Ginés anunció que el Gobierno de Canarias destina a la Isla una partida de un millón de euros, de la cual 500.000 euros irán a actuaciones de ahorro y mejora de la eficiencia energética en espacios públicos de los municipios de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Tías y Yaiza, cuyos proyectos ya han sido presentados previamente ante la Consejería de Industria de la corporación insular.
Además, esa administración dispone de medio millón de euros para implementar medidas de eficiencia energética en la Casa Cabildo, realizar auditorías energéticas en edificios públicos de esa administración y para instalaciones fotovoltaicas en sedes de esa misma institución.
