La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) ha pedido al Gobierno regional la regularización la vivienda vacacional de acuerdo a la normativa y, también, que no "renuncie" financiar los servicios públicos con impuestos a estas actividades.
En un comunicado, la CEL defiende que carece de sentido que, con un reglamento aprobado desde el 22 de mayo de 2015, no se actúe para sancionar las actividades que se desarrollen fuera de este ordenamiento, bien sea por no registrarse de forma adecuada o por incumplirlo.
La CEL subraya que los informes de la Consejería de Turismo cifran en más de 28.000 las viviendas para el alquiler vacacional en las islas y que solo se han regularizado unas 1.800, que tienen una media de 4,32 camas, que representa el 22,34 por ciento del total de camas turísticas de Canarias y con un impacto económico que alcanzó los 528 millones de euros el pasado año.
Los empresarios lanzaroteños piden al Ejecutivo regional que detecte, a través de los servicios de inspección turística, las irregularidades que ponen en riesgo tanto la calidad y la seguridad de la estancia del visitante como las pérdidas de las aportaciones al erario público por el impago de obligaciones fiscales de la actividad.
