La Audiencia Provincial de Las Palmas suspendió ayer el juicio oral contra el abogado y empresario lanzaroteño Luis Fernando Lleó por la incomparecencia de varios testigos clave y fijó la nueva celebración de la vista para los días 17 y 18 de enero de 2017. La Fiscalía acusa al empresario de administración desleal en una sociedad creada con otros familiares, Consultores y Asesores Legales Lleó SL, y solicita una pena de cuatro años de prisión y a indemnizar a dicha entidad con 70.449 euros.
La acusación particular, ejercida por su hermano Jaime Lleó Khunel y su sobrino Aday Lleó Carranza, añade los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento y obstrucción a los derechos de los socios, por lo que reclama una pena de trece años
Luis Fernando Lleó es también uno de los principales imputados en el Caso Unión, el macroproceso por delitos de corrupción en varias instituciones lanzaroteñas, en el que el Ministerio Fiscal le pide seis años de cárcel por cohecho.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Pedro Herrera, suspendió el juicio oral después de que lo pidieran el fiscal, Miguel Ángel Hernández, y el letrado de la defensa. El fiscal solicitó el aplazamiento ante la incomparecencia de María Isabel Ruiz Medina, antigua contable de la empresa familiar, que había pedido declarar por videoconferencia desde los Juzgados de Arrecife y finalmente no acudió.
El ministerio público considera que el testimonio de Ruiz Medina es clave para aclarar las operaciones financieras realizadas por el acusado y propuso una sanción de 700 euros por su incomparecencia, con un plazo de cinco días para justificarla. El tribunal también accedió a la solicitud de la defensa para que declare en la sala de vistas, no por videoconferencia, y así poder mostrarle en vivo la nueva documentación presentada por el acusado.
La defensa también solicitó la suspensión por la ausencia de otros tres testigos que no habían sido citados o no habían sido localizados. Se trata de Ginés Rodríguez, exdirector de Bancaja en Lanzarote, Manuel Matamoros y Jerónimo Campón. La acusación particular se opuso al aplazamiento de la vista e incluso propuso que se llamara por teléfono a María Isabel Ruiz Medina para que acudiera de forma inmediata al Juzgado de Arrecife, lo que no admitió el tribunal.
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al 16 de enero de 2006, cuando se acuerda la escisión parcial de la sociedad Lleó Inmuebles SL por traspaso de actividad a una nueva empresa denominada Consultores y Asesores Legales Lleó SL, siendo nombrados como administradores solidarios Jaime Lleó Khunel, Aday Lleó Carranza y Luis Fernando Lleó. Pese a esta distribución formal de cargos, era el acusado quien de hecho gestionaba la sociedad y adoptaba todas las decisiones económicas.
"Aprovechando esta circunstancia y con abuso de la misma", señala el fiscal, Luis Lleó, "a sabiendas de que iba a causar un perjuicio económico", utilizó la sociedad familiar para financiar otras empresas en las que tenía alguna participación a través de la liquidez que le concedían dos pólizas de descuento bancario con Bancaja, de 104.000 y 600.000 euros.
