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El Estado reclama suelo de La Graciosa

Patrimonio asegura que inmuebles, unas 40 viviendas y fincas, de Caleta del Sebo invaden terreno público

El Ayuntamiento de Teguise ha solicitado al director general de Patrimonio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Juan Antonio Martínez, que revise el deslinde de Caleta de Sebo realizado en 1965 y que se admita como límite de las parcelas del pueblo el que se recogió en el amojonamiento efectuado en 2006 en la topografía del consistorio y que coincide a su vez con lo que recoge al respecto el Plan Rector de Uso y Gestión de La Graciosa y el Archipiélago Chinijo (PRUG) aprobado en ese mismo año. El PRUG está pendiente de actualización para atender las nuevas necesidades de la octava isla.

La delegación de Hacienda en la Isla, aseguró el senador por Lanzarote, Joel Delgado, ha enviado cartas a unos cuarenta propietarios de fincas y viviendas de la calle Crujía, situada en la trasera del casco urbano, en las que asegura que los inmuebles invaden, supuestamente, parte de los terrenos que son propiedad del Estado. Delgado precisó que la superficie que se reclama es de unos 700 metros.

Según Teguise, se insta a los propietarios "a regularizar su situación jurídica mediante la compra de la superficie supuestamente ocupada, que deriva del último deslinde practicado mediante acta, contraviniendo lo dispuesto en el PRUG".

El consistorio ha anunciado que someterá a la aprobación del pleno municipal el acuerdo de requerir a la Administración General del Estado "para que conforme a los datos expuestos y ante la evidencia de posibles errores en el deslinde practicado en dicha fecha, se valore la posibilidad de practicar un nuevo deslinde, así como suspender el plazo otorgado a los titulares requeridos hasta tanto se clarifique la situación. Ante la inquietud vecinal la concejala delegada para La Graciosa, Alicia Páez, y el senador lanzaroteño se reunieron el pasado lunes en Madrid con el director general de Patrimonio, un encuentro tras el cual los representantes de la Isla confían en que finalmente se pueda encontrar una solución al problema.

"Desde el ministerio se ha transmitido en todo momento tranquilidad, ya que los requerimientos que se han enviado forman parte del protocolo para evitar que prescriba el derecho del Estado a reclamar lo que ellos considera que se ha invadido", apuntó el senador. Añadió que "de momento, lo que hemos logrado es el compromiso de que se va revisar el deslinde, de forma que en las confusiones que se pudieran producir de las coordenadas se realice un nuevo levantamiento topográfico para aclarar con exactitud que parte corresponde al Estado y que partes a los particulares". Delgado dijo además que "en Madrid son conocedores de las singularidades de este espacio y las dificultades de vivir en él".

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