La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado la petición de la propiedad de la Bodega Stratvs , situada en La Geria (Yaiza) de reabrir estas instalaciones que habían sido cerradas de forma cautelar en diciembre de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas al entender que en su funcionamiento "existían indicios racionales de criminalidad" por carecer de cualquier tipo de autorización desde el punto de vista administrativo y sanitario". Sin embargo, tres años después la Audiencia Provincial destaca que la medida cautelar "se acordó hace ya tres años, un tiempo excesivo para cualquier medida cautelar, incluso de las más gravosas, como podría ser la prisión provisional. El perjuicio que se puede irrogar al titular de la actividad cuando de momento está asistido por el sagrado principio de presunción de inocencia, concluída ya la instrucción, debe ser valorado en sus justos términos".

La Audiencia resalta que la propiedad "aporta numerosos documentos e incluso, informes periciales que evidencian, salvo prueba en contrario y cuando sean sometidos a contradicción en el plenario así se verá, la inexistencia de una red hídrica en el paraje en el que se sitúa la bodega y se aportan indicios de que serán objeto de valoración en fase de prueba, de la inexistencia de vertidos contaminantes emanados de la la bodega".

La bodega Stratvs ya había solicitado la reapertura en dos ocasiones más aunque fue denegada. "En su momento se accedió a mantener la medida cautelar porque la instrucción no había concluido y era imposible o difícil conocer por el Tribunal la duración de la fase de instrucción por lo que se ponderó el supuesto perjuicio que podría irrogar el alzamiento de la medida cautelar", sostiene la Audiencia. En un principio la fecha del juicio en el TSJC está fijado para junio de este año aunque la propiedad de la bodega ha solicitado el aplazamiento.

En el denominado caso Stratvs se ha implicado a un total de 17 personas entre los que se encuentra el propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza y políticos de esta corporación local. La actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez y el exalcalde de este municipio, José Francisco Reyes se encuentran entre los imputados. La Fiscalía exige 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa, diez años para el arquitecto y copropietario de los terrenos de la bodega Miguel Ángel Armas Matallana; siete años para el exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes; y tres años y diez meses para la actual alcaldesa, Gladys Acuña.

Las infracciones detectadas en la apertura de esa bodega, que costó 18 millones de euros, han dado como resultado una causa penal por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente en la que la Fiscalía de Canarias aprecia el "mayor atentado" ecológico que ha sufrido la isla de Lanzarote durante las dos últimas décadas.