La Fiscalía ha presentado un recurso de súplica contra el levantamiento del cierre cautelar de la bodega Stratvs en el paraje protegido de La Geria decretado a finales del pasado mes de diciembre por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Esta bodega fue cerrada por el juzgado en diciembre de 2013 por las presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales.
En el recurso la fiscalía recuerda que "ante la flagrante vulneración de todas las normas urbanísticas posibles, ese complejo lucrativo-industrial sencillamente no puede existir en dicho espacio, y es absolutamente ilegal e ilegalizable. Por tanto, no debe tener la más mínima actividad, ni obtener autorizaciones de las administraciones públicas sin autorización del Juzgado que acordó dicha medida para sondeos, estudios hidrogeográficos, ni instalaciones de depuradoras, algunas de las cuales han servido indebidamente para dar cobertura a los documentos aportados ahora", indica la fiscalía.
"Resulta incomprensible que se alce la medida cautelar y se proceda a la apertura de la bodega cuando es ilegal su funcionamiento por la carencia de títulos habilitantes y la contradicción frontal con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación", señala el recurso.
Perjuicio económico
Para la Fiscalía el auto recurrido "es escaso en razonamientos jurídicos conformes a derecho que puedan justificar el levantamiento de la medida cautelar, ya que se fundamenta estrictamente en documentos aportados por los solicitantes del alzamiento, sobre datos que ya existían en su totalidad cuando la misma Sala decidió absolutamente lo contrario el 22 de mayo de 2014".
La Fiscalía también critica el auto de la Audiencia que alegó que mantener el cierre cautelar podría suponer un perjuicio económico irreparable a la bodega. "Los intereses económicos privados jamás pueden ceder ante el interés general protector del medio ambiente, y mucho menos darse pábulo y consentir por los Tribunales de Justicia un lucro económico ilícito derivado del conjunto de presuntos delitos por los que se ha formulado acusación".
Un argumento el económico que en su día se alegó cuando se cerró el restaurante de la bodega. "Los perjuicios económicos sólo son imputables a quien voluntariamente se ha colocado en una situación de ilegalidad", recordaba el auto.
