Los jueces y abogados de Lanzarote han decidido unir sus fuerzas para reclamar mejorar en los equipos de grabación de las salas de vistas del Palacio de Juzgados de Arrecife después de que muchos juicios se hayan tenido que suspender e incluso repetir por los graves problemas de los sistemas de grabación. De hecho, seis de las ocho salas de vistas de los juzgados cuentan con equipos obsoletos que están causando enormes perjuicios a los operadores jurídicos.

El decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viña y el juez decano de los Juzgados de Arrecife, Francisco Javier Ramírez mantenían ayer una reunión para analizar una situación que se considera ya insostenible. "No es un problema nuevo pero lo cierto que ya no se puede seguir así", destaca Viña que asegura que en estos meses se ha ido "parcheando" un problema que se ha agravado en las últimas semanas.

Viña asegura que tanto el decano de los jueces como el secretario judicial del juzgado de lo Social número 1 de Arrecife se han dirigido a la Dirección General de Relaciones Con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para reclamar la instalación de nuevos equipos de grabación. "Lo queremos son equipos eficientes y no material que se haya desechado de otros juzgados", recalca Viña.

El decano de los abogados insiste en que a pesar de que Arrecife es el tercer partido judicial de Canarias "lo cierto es que en cuestión de material estamos a la cola de Canarias", afirma.

Los problemas técnicos está afectando de manera especial a las vistas de los juzgados de lo social dado que la sala prevista para la celebración de estos juicios lleva varios meses cerrada por estar inoperativos los sistema de grabación. ""Hasta ahora nos veníamos remediando utilizando el resto de las salas hasta que se han ido rompiendo también sus equipos", resalta el graduado social Andrés Barreto.

"Un mes después de celebrar un juicio de más de dos horas me han llamado del juzgado para decirme que hay que repetirlo porque no han podido escuchar nada de lo que se grabó", señala Andrés Barreto, uno de los graduados sociales más experimentados de la isla. "No solo nos provoca un perjuicio económico sino que además es un problema para nuestros defendidos porque la parte contraria ya sabe cuáles van a ser los argumentos de la defensa", recalca Barreto.