La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas reanudó ayer en Arrecife el juicio en el que se juzgó a la médico Diana Carolina Peña Ureña por apuñalar a sus dos hijos, menores de edad, en la madrugada del 24 de junio de 2015 en el domicilio familiar en Arrieta (Haría). La celebración, que el tribunal suspendió el miércoles de la pasada semana, con la aprobación del fiscal y el abogado de la defensa, cuando apenas había transcurrido una hora desde su inicio en previsión de que se iba a alargar, según la explicación ofrecida entonces por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, quedó vista para sentencia.
El fiscal, Joaquín Manuel Bobillo, mantuvo la petición de absolución penal de la acusada por dos delitos de asesinato en grado de tentativa y solicitó su internamiento en un centro psiquiátrico adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica por ella padecida por un tiempo de 15 años menos un día. Consideró probado que Diana Carolina tenía absolutamente anuladas sus capacidades volitivas e intelectivas, al estar bajo la influencia de un delirio que condicionaba sus actos e insistió, basándose en el informe de los médicos forenses de marzo de 2016 Jesús Esparza y María Luisa Fúnez, en que "es conveniente y necesario que la medida a adoptar sea un centro psiquiátrico no solo para el bienestar de ella sino de las personas que la rodean". El citado informe concluyó que un tratamiento ambulatorio para trastornos psicóticos como el que padece Diana Carolina no es el más idóneo. Esparza también puntualizó que futuros episodios psicóticos que padezca la acusada, "no tienen por qué involucrar a terceros ni conllevar agresividad".
"Locura" y "dos errores"
A raíz de las declaraciones de los forenses el fiscal apuntó que la gravedad del trastorno mental padecido por Diana Carolina, que tiene 36 años, requiere el seguimiento por personal médico especializado, "habida cuenta de que del trastorno padecido se describen altas tasas de recaídas, con la característica esencial de tener un inicio brusco de los síntomas psicóticos, situación que supera las posibilidades de un control ambulatorio".
Por su parte, el letrado de la defensa, Sergio Rodríguez, reiteró que se exima a su representada de la responsabilidad criminal, en lo que coincidió con el fiscal. En cambio, pidió que Diana Carolina quedara bajo la custodia de su madre, Luz Marina Ureña, con el tratamiento que se estime oportuno para su caso. Rodríguez calificó de "injusta" la pretensión de internamiento en un centro psiquiátrico planteada por el representante del Ministerio Público. "Es una locura lo que pide el fis-cal", se quejó Rodríguez, "pues tanto el forense [Jesús Esparza] como el psicólogo [se refiere a Andrés García que trata a la procesada desde hace once meses], consideran que los nuevos brotes psicóticos que pueda llegar a tener Diana Carolina no tienen por qué ser agresivos".
Rodríguez subrayó que "los niños están bien con su padre y reciben una atención adecuada" y advirtió de que "jamás se dejarán los menores solos a Diana Carolina hasta que esté curada". Recordó que "no hay ningún informe que desaconseje que Diana Carolina deje de ver a sus hijos".
La defensa denunció que Diana Carolina "ha sido víctima de dos errores". Por un lado, explicó que el psiquiatra que la vio la noche del 23 de junio de 2015, antes de los hechos, a raíz del brote psicótico por el que fue llevada a Urgencias, le dio una pastilla y el alta médica. Media hora después se produjo la agresión a sus hijos con un cuchillo de acero de 29 centímetros, mostrado ayer en varias ocasiones durante el juicio, a los que causó cortes superficiales en el cuello, el pecho y los brazos. "¿Por qué no vio en mi representada el estado que presentaba?", se cuestionó Rodríguez, quien cree que "ha habido una negligencia o mal uso del protocolo conforme a enfermedades de este tipo", por lo que ha demandado al Servicio Canario de Salud.
Por otro lado, el segundo "error" que considera Rodríguez se produjo es el internamiento de Diana Carolina de forma preventiva en la prisión de Tahíche, donde permanece desde el 29 de julio de 2015. "Si en los informes forenses se dictamina la inimputabilidad de mi representada por su trastorno mental, no se entiende que esté en prisión", apuntó Rodríguez.
La psicóloga de la cárcel, Pilar Vázquez, visita a Diana Carolina cada quince días desde noviembre de 2015, según declaró en el juicio. "No he visto ninguna involución a nivel psicológico ni ningún síntoma psicótico ni brote de ningún tipo. Es cierto que ha tenido preocupación, ansiedad, depresión, pero es lo normal por estar dentro de prisión. No ha sido nada grave", detalló. Aclaró que "yo no hablaría de curación sino que está estable".
El psicólogo Andrés García, que ha contratado la familia de Diana Carolina, ha mantenido más de cuarenta sesiones individuales y colectivas (con la familia). Dijo que "no ha tenido subidas ni bajadas emocionales enormes, además de que es consciente de su episodio psicótico". Abogó porque "se integre cuando antes en su red de apoyo para su bienestar y el de sus hijos porque sacarla ahora de lo más básico es más estigmatizante que terapéutico". Cree "altamente improbable que pueda producirse un brote psicótico violento".
