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'Caso Yate' La trama de las licencias ilegales en Yaiza

El alcalde que amasó dinero negro

José Francisco Reyes admite que otorgó las licencias turísticas para una veintena de establecimientos turísticos al margen de la ley a cambio de casi medio millón de euros

El alcalde que amasó dinero negro

"El alcalde consciente de que "nadie da nada por nada" configuró a su mercenaria voluntad, por cuanto que únicamente le movía el dinero a ingresar y nunca el interés general". Con estas palabras definía la Fiscalía de Medio Ambiente la actuación del que fuera alcalde de Yaiza entre los años 1994 y 2008, José Francisco Reyes, a la hora de autorizar "de forma desenfrenada miles de camas turísticas".

Reyes que siempre presumía que el único fin que le movía en la política era trabajar por sus vecinos ha confesado que fue gratificado por diferentes promotores y constructores en concepto de recompensa con la cantidad en metálico de 300.172 euros y que ingresó otros 180.000 en dos sociedades instrumentales por la concesión de licencias urbanísticas.

Una confesión que se produce a las puertas del juicio que se debe celebrar el próximo 20 de marzo en la Audiencia Provincial de Las Palmas por lo que se conoce como el 'Caso Yate' y en el que están acusados otras ocho personas

Acorralado por las pruebas que ha obtenido la policía del movimiento de dinero negro en su familia, las sentencias firmes sobre la ilegalidad de las licencias que concedió a casi una veintena de establecimientos turísticos y sobre todo ante la posibilidad de que su mujer y tres de sus hijos puedan acabar en prisión por blanqueo de capitales, Reyes ha decidido reconocer los delitos de prevaricación urbanística, malversación de dinero público, cobro de sobornos, blanqueo de capitales y falsedad documental por los que la fiscalía le pide 25 años de cárcel.

Una confesión con la que trata de reducir la pena de cinco años de cárcel a la que se enfrenta los cuatro miembros de su familia para evitar que puedan entrar en la prisión de Tahíche. Sin embargo, el alcalde apenas ha tirado de la manta dado que solo se ha limitado a señalar a varias empresas por lo que en esta trama ninguno de los empresarios que se beneficiaron de esas sentencias ilegales se sentarán en el banquillo.

Según la fiscalía, el alcalde llegó a autorizar la construcción de más de 1.500 plazas turísticas en apenas tres días." Reyes quien para lucrarse ilícitamente no dudó en otorgar de manera masiva las licencias llegando en un mismo día( lunes1-6-1998) a autorizar la construcción de mas de 1.500 plazas turísticas cuando los proyectos para la construcción de 7 hoteles le fueron presentados en la fecha de ( viernes 29-5-1998) a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor al tiempo de su concesión".

Según un estudio realizado en su momento por el Cabildo sobre las irregularidades advertidas en la concesión de licencias turísticas, enYaiza se invirtieron más de 190 millones de euros gracias a que el alcalde hizo la vista gorda a la hora de conceder las licencias de obra. Sin embargo, en el mismo informe el Cabildo deja claro que las irregularidades urbanísticas "no fueron un infortunado desliz puntual del alcalde de turno sino que por el contrario la concesión de las licencias recurridas son el resultado de una estrategia de conjunto perfectamente elaborada para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular, despreciando las competencias del Cabildo, sobrevolando la legalidad sectorial y urbanística y en fin, golpeando frontalmente el modelo de desarrollo insular".

Es decir, que difícilmente un alcalde en solitario fue capaz de idear un plan de tanta magnitud sin la colaboración de empresarios, arquitectos, abogados y promotores turísticos. De hecho, Reyes ha reconocido cada vez que se le ha preguntado en sede juidicial que carecía de cualificación profesional y que en la mayoría de las ocasiones se limitaba a firmar el documento que los promotores y los técnicos le ponían delante.

La mayor trama urbanística de Lanzarote en la que solo están acusados el alcalde y cuatro miembros de su familia, dos testaferros, dos asesores financieros y dos técnicos municipales. Precisamente, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, al igual que han hecho los asesores y los testaferros también han reconocido su culpabilidad.

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