20 de marzo de 2017
20.03.2017

El exalcalde de Yaiza acepta seis años de cárcel tras confesar que fue sobornado

La Fiscalía ha informado esta mañana a la Audiencia de Las Palmas del acuerdo cerrado con las defensas de los procesados que reconocen su culpabilidad en la trama de corrupción urbanística denominada "caso Yate"

20.03.2017 | 15:43
Juicio a José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza, por el ´caso Yate´

El exalcalde de Yaiza (Lanzarote) José Francisco Reyes aceptará una condena de seis años de cárcel por las licencias ilegales de construcción que concedió sistemáticamente en su municipio entre los años 1998 y 2007, tras confesar ante el tribunal que recibió sobornos a cambio de ello.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias ha informado esta mañana a la Audiencia de Las Palmas del acuerdo que el Ministerio Público y la acusación popular, ejercida por la asociación Transparencia Urbanística, han cerrado con las defensas de los procesados que reconocen su culpabilidad en la trama de corrupción urbanística denominada "caso Yate" (nueve de los once).

Reyes ya había presentado hace días un escrito ante la Audiencia Provincial en el que reconocía formalmente que recibió hasta 300.000 euros en sobornos de varios empresarios para autorizar varias de las licencias que la Fiscalía cuestiona en este procesos, que incluyen una veintena de hoteles en Playa Blanca, el puerto deportivo de Marina Rubicón y otras construcciones en el sur de Lanzarote.

Las dos acusaciones han aprovechado el trámite de cuestiones previas para comunicar al tribunal que modifican sus solicitudes de condena, de forma que reconocen a los nueve "arrepentidos" el beneficio de tres atenuantes: dilaciones indebidas por dos años de paralización de la causa, confesión y reparación del daño.

En el caso de Reyes, que ya tiene otras condenas anteriores por corrupción urbanística, este acuerdo le permite reducir a seis años la pena cárcel a la que se exponía, que podía llegar hasta 30 años por delitos de prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, malversación, blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades públicas.

El Ministerio Fiscal dirigía también cargos por blanqueo de capitales contra su esposa, Antonia Rafaela Torres Perdomo, y para tres de sus hijos, María Beatriz, María Noelia y José Francisco Abel Torres Perdomo, como autores de un delito de blanqueo de capitales, por haber actuado como testaferros de las operaciones.

El acuerdo pactado por acusaciones y defensas reduce de cinco años a cinco meses y medio de prisión su petición de condena. La misma pena de cinco meses y medio piden ahora las dos acusaciones del "caso Yate" para Simón Camacho y Antonio Marcelo Machín, dos amigos del entonces alcalde de Yaiza que se exponían a condenas de tres años de cárcel por blanqueo de capitales y que ahora reconocen que le ayudaron a dar apariencia legal al dinero que obtuvo en comisiones ilegales por las licencias.

Otro de los acusados que reconoce su culpabilidad es el entonces secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé, para el que ahora se piden seis meses de cárcel frente a la posible condena de seis años y medio de prisión a la que se enfrentaba inicialmente.

En este procedimiento la Fiscalía sostiene que el exalcalde de Yaiza "aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio, para recaudar importantes cantidades de dinero de los promotores" de los hoteles que se construyeron en su municipio, otorgando "de manera masiva" licencias de obra, hasta el punto de que llegó a autorizar en un solo día más de 1.500 nuevas plazas turísticas.

Reyes, subraya la acusación pública, "tiene el récord de haber autorizado en tres días siete grandes establecimientos hoteleros en Yaiza, a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor".

En algunos casos, continúa el Ministerio Público, Reyes dio el visto bueno a proyectos que "ni siquiera estaban visados por el Colegio Profesional de Arquitectos y, lo que es más grave y clamoroso, autorizó la licencia sobre el acomodo a planes parciales (...) que no habían adquirido eficacia jurídica".

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