21 de marzo de 2017
21.03.2017

Seis años de prisión para Reyes por dar licencias a cambio de 305.000 euros

El exalcalde de Yaiza admite los sobornos, devuelve el dinero y pacta una pena menor para su mujer y sus tres hijos por autorizar miles de camas ilegales

21.03.2017 | 16:49
Seis años de prisión para Reyes por dar licencias a cambio de 305.000 euros
Seis años de prisión para Reyes por dar licencias a cambio de 305.000 euros

Una de las tramas de corrupción urbanística más importantes de Lanzarote, el caso Yate, está a pocas sesiones de quedar vista para sentencia. Nueve de los once acusados, con el exalcalde de Yaiza Francisco Reyes y su familia a la cabeza, aceptaron ayer penas de hasta seis años de cárcel, tras admitir que cobraron sobornos por autorizar cientos de licencias ilegales o participaron en el blanqueo de los fondos procedentes de esos proyectos urbanísticos.

El juicio, que continúa hoy en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, sólo está pendiente de los hechos que afectan al técnico municipal Antonio Lorenzo y al asesor fiscal José Rafael Mesa Ferrer. Estos dos acusados reclaman la absolución al rechazar el acuerdo con el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Ródenas. El pacto también fue aceptado por la letrada Inma Ferrer, que ejerce la acción popular en nombre del colectivo Transparencia Urbanística.

Reyes, en virtud de esa conformidad, será condenado a una pena conjunta de seis años de prisión por los delitos de prevaricación urbanística continuada, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios, tres cohechos pasivos y malversación de caudales públicos en concurso con falsedad.

El exalcalde, además, deberá cumplir 21 años de inhabilitación y pagar una multa de 152.586 euros. Reyes y su familia pierden todos los bienes adquiridos con los 305.000 euros pagados por empresarios y promotores para obtener licencias en el sur de Lanzarote, entre ellos la embarcación el Pachi (143.840 euros), cinco vehículos (76.765 euros) y un piso con plaza de garaje que puso a nombre de su hija en Tenerife (55.118 euros). Tampoco recuperará los 13.000 euros en efectivo que la policía encontró en su domicilio ni los 29.449 euros intervenidos en diez cuentes corrientes.

Reyes se enfrentaba a una pena conjunta mayor, de 30 años de prisión, pero el fiscal la ha aminorado hasta al mínimo al devolver el exalcalde el dinero y reconocer que lo cobró en sobornos. Se le aplican las atenuantes de colaboración, reparación del daño y dilaciones indebidas, esta última porque el procedimiento estuvo parado dos años después de presentarse la acusación.

La esposa del exregidor, Antonia Rafaela Torres Perdomo, y tres de sus hijos María Beatriz, María Noelia y José Francisco también han admitido su participación en el blanqueo de los sobornos, delito por el que serán condenados a cinco meses y medio de cárcel. El mismo castigo han aceptado Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, dos amigos de Reyes que hicieron de testaferros en esas operaciones, así como Manuel Benito Mesa, entonces administrador de la gestoría con la que trabajaba el alcalde. Su hermano Rafael Mesa, que es defendido por María Rosa Díaz Bertrana, niega que estuviera al tanto de esos negocios y asegura que entre ambos existe enemistad por la gestoría. El exsecretario municipal de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes aceptó seis meses de cárcel por malversación. Todos estas personas se enfrentaban a penas que oscilaban entre los tres y los seis años de prisión antes de la conformidad.

El fiscal reclama que se declare la nulidad radical de las licencias concedidas por Reyes, que afectan a una veintena de hoteles en Playa Blanca, el puerto deportivo de Marina Rubicón y otras construcciones en el sur de Lanzarote tipo apartamentos y bungalós. Estos proyectos y urbanizaciones no se podían tramitar porque estaban desclasificados, esto es, afectados por las moratorias turísticas promovidas por el Gobierno de Canarias. Reyes llegó a autorizar en un día 1.500 camas, así como siete grandes hoteles en tres días.

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