La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

'Caso Stratvs'

El TSJC juzga a la alcaldesa de Yaiza por el permiso para abrir la bodega de Rosa

Arrecife acogerá del 19 al 23 de junio el primero de los dos juicios de la causa, dividida en dos piezas por el aforamiento de Gladys Acuña al ser diputada regional

El TSJC juzga a la alcaldesa de Yaiza por el permiso para abrir la bodega de Rosa

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzgará del 19 al 23 de junio próximos en Arrecife a diez investigados en el caso de la bodega Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, uno de los acusados que se sentará en el banquillo. Este juicio, centrado en los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Yaiza (licencia de apertura de la bodega, ubicada en La Geria), es el primero de los dos que se llevarán a cabo relacionados con Stratvs, toda vez que la causa ha tenido que separarse en dos piezas debido al aforamiento de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, por su condición de diputada regional. Acuña pertenece al grupo de Nueva Canarias en el Parlamento, formación con la que concurrió a las elecciones de 2015 como independiente.

Además de Rosa y Acuña, el TSJC juzgará al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes, condenado el pasado mes de abril por la Audiencia Provincial a seis años de cárcel por los delitos continuados de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, malversación de caudales y falsedad en documento público y mercantil en el denominado 'caso Yate', de concesión de licencias ilegales para la construcción de hoteles. Reyes dio la licencia de obra a Stratvs en 1999 y autorizó una prórroga en 2005.

Asimismo, también forman parte de esta causa el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, inhabilitado por otro asunto anterior y condenado a un año de cárcel por el 'caso Yate'; y el trabajador de la Oficina Técnica Andrés Morales. Stratvs está cerrada por orden judicial desde 2013 tras su inauguración en 2008.

Por otro lado, también serán juzgados los concejales Leonardo Rodríguez (CC), Juan Lorenzo Tavío (CC) y Evaristo García (PIL), quienes integraban la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza en 2008 cuando se aprobó la licencia de actividad para la apertura de Stratvs; el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez (Tato), que sigue de edil pero como responsable de Servicios Sociales, Inmigración y Vivienda (Unidos por Yaiza); y el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, que informó de forma favorable a que el consistorio de Yaiza otorgara la licencia de actividad a Stratvs.

Penas y delitos

La segunda pieza, que tiene que ver con la construcción de la bodega, la juzgará la Audiencia Provincial de Las Palmas en una fecha que está aún por concretar. El juez Salvador Alba, investigado por varios delitos, ha sido designado ponente de esta causa. En esa vista repetirán en el banquillo Rosa, Reyes y el edil Rodríguez. También estarán el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, el responsable municipal del Catastro, Blas Noda, el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Faustino García Márquez, Juan César Muñoz y Armando Villavencio, relacionados con el permiso de construcción de Stratvs avalado desde el Gobierno de Canarias.

En su conjunto Rosa se enfrenta a 15 años de cárcel por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, falsedad documental e intento de estafa y diez años el arquitecto por presuntos delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, el patrimonio histórico y usurpación. Para Reyes la Fiscalía pide siete años por dar la licencia con informes negativos y su prórroga y tres años y diez meses de cárcel y diez de inhabilitación para Acuña. Tanto Acuña como el todavía concejal Rodríguez están acusados de un presunto delito contra el medio ambiente, cometido por omisión, al no adoptar medidas para cerrar Stratvs, aún teniendo "conocimiento de las graves irregularidades urbanísticas y medioambientales". Rodríguez se expone a cuatro años y medio de prisión y 21 años de inhabilitación. En el juicio de junio declararán cerca de sesenta testigos y peritos.

Compartir el artículo

stats