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Playa Blanca

El Gobierno canario ordena clausurar la desaladora privada de Montaña Roja

El expediente asegura que la promotora Club Lanzarote vende sin permiso el agua a hoteles y vecinos

El Gobierno canario ordena clausurar la desaladora privada de Montaña Roja

El Gobierno de Canarias ha ordenado "la clausura inmediata" de la desaladora privada de la promotora Club Lanzarote en la urbanización de Montaña Roja en Playa Blanca (Yaiza) por el que se abastece de agua a unos 6.000 residentes y varios hoteles y complejos turísticos del sur de la isla. Según el Gobierno canario, los promotores privados carecen de los títulos habilitantes que amparen la producción de agua industrial. No obstante, el Gobierno recalca que antes de clausurar la planta debe quedar garantizado el abastecimiento " a cuyos efectos se adoptarán por el Consejo Insular de Aguas las medidas oportunas".

Para el Gobierno, además de no contar con los permisos como exige la Ley de Aguas de Canarias, "los hechos constitutivos de infracción consisten en el abastecimiento y venta de agua a terceros sin contar con tarifas aprobadas por el órgano competente, es decir por Consejo Insular de Aguas y y la Comisión de Precios de Canarias.

En septiembre de 2014 el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés promovía la incautación por parte del Consejo Insular del Agua de esta desaladora al entender que no cumplía con la normativa vigente. Sin embargo, en julio de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba esa incautación, mientras que en octubre de ese mismo año otro juzgado ordenaba al Consejo Insular del Agua entregarla de nuevo a los promotores. Los jueces entendían que la incautación de la planta no se podía llevar a cabo sin orden judicial. Un conflicto que incluso acabó con una denuncia por la vía penal de Club Lanzarote contra San Ginés.

Ahora, más de dos años después de la apertura del expediente sancionador por parte del Consejo Insular del Agua, el Gobierno resuelve el litigio entre el Cabildo y Club Lanzarote ordenando "la clausura inmediata" de la desaladora.

El ejecutivo regional sanciona también a Club Lanzarote con una multa de 300.000 euros como responsable de la comisión de una infracción administrativa muy grave tipificada en el Reglamento sancionador en materia de aguas (carecer de título administrativo, licencia). Asimismo, declara como medida de restablecimiento de la legalidad la restitución del beneficio ilícitamente obtenido por la promotora privada aunque no fija la cantidad que debe pagar. Esta cuantía se liquidará, según el Gobierno, en un procedimiento complementario, una vez se haya concluido el presente procedimiento sancionador.

En el informe se especifica que "es jurisprudencia reiterada que el ejercicio de una actividad sin autorización o concesión tiene consecuencia inmediata la clausura". Además, el expediente sancionador reconoce que "la apertura clandestina de establecimientos comerciales e industriales o el ejercicio sin la necesaria licencia de actividades obligan a adoptar de plano y con efectividad inmediata, la medida cautelar de suspender la continuación de las obras, clausurar el establecimiento o paralizar la actividad ... para el superior principio de respeto a la seguridad de los ciudadanos".

El Gobierno desestima las alegaciones de Club Lanzarote en las que entendía que la desaladora es una instalación privada del promotor de la urbanización destinada a producir agua para la propia urbanización en tanto se produce la recepción de la misma por el Ayuntamiento de Yaiza. Sin embargo, el Gobierno señala , que según resulta del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, "la parcela 43 Sector T1 del Plan Parcial Montaña Roja está clasificada como de dominio público y la planta desaladora ubicada en dicha parcela tiene la consideración de infraestructura de dominio público". indica el expediente.

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