La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzga desde esta mañana en Arrecife a los diez acusados de la pieza separada del 'caso Stratvs' relacionada con la concesión en 2008 por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza de la licencia de actividad a la bodega del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, situada en La Geria.
Aunque el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, ha intentado durante las cuestiones previas de la vista de hoy que el delito por el que se investiga a su cliente, tráfico de influencias, se declarara prescrito, finalmente la sala decidió tras un receso que esa cuestión la valorará en la sentencia tras celebrarse el juicio, siguiendo así lo solicitado por la Fiscalía, por lo que el mismo se celebra con Rosa sentado en el banquillo de los acusados, precisamente, lo que quería evitar su letrado.
Choclán Montalbo ya había realizado esa misma petición en un escrito presentado a principios de junio en el que señalaba que los hechos por los que se juzga a Rosa tienen que ver con la conversación telefónica mantenida el 18 de diciembre de 2008 con el que era concejal de Urbanismo de Yaiza en ese momento, Leonardo Rodríguez, otro de los investigados en este procedimiento y que este lunes ha preferido sentarse en el estrado debido a su condición de abogado y no en el banquillo junto al resto de los encausados. En dicha conversación, Rosa preguntaba al edil por la licencia de su bodega, lo que el fiscal interpreta "como un vínculo de camadería" entre ambos, lo que dio pie a que Rosa solicitara supuestamente "ayuda" a Rodríguez para que conseguir la licencia para su bodega.
Choclán Montalbo insistió en que el supuesto delito de tráfico de influencias cometido por su defendido ha prescrito de forma "inequívoca y manifiesta", ya que "han pasado más de tres años" de la citada conversación y Rosa fue llamado a declarar por el mismo más de dos años después de la prescripción a la que se refería. Sin embargo, la Fiscalía considera que el hecho de que la causa haya tenido que dividirse en dos por el aforamiento de la alcaldesa de Yaiza y diputada regional, Gladys Acuña, regidora también en 2008 cuando la Junta de Gobierno dio la licencia de actividad a Stratvs e investigada en este caso, interrumpe la caducidad de la prescripción. La otra pieza, que tiene que ver con la construcción de la bodega y supuestos delitos ambientales, la juzgará la Audiencia Provincial, que todavía no ha señalado la fecha del juicio.
El fiscal, Ignacio Stampa, ha señalado también que la calificación de los presuntos delitos que se juzgan ante el TSJC podría sufrir modificaciones a tenor de las conclusiones a la que llegue tras la celebración del juicio oral, que se prevé se desarrolle a lo largo de toda esta semana en sesiones de mañana y tarde.
Tras la resolución de las cuestiones previas ha comenzado el interrogatorio a los acusados. El primero en declarar ha sido el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, quien afirmó que dio la licencia a la bodega porque "tenía permiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo, pues de lo contrario me preguntarían por qué no se la dí".
A continuación fue el turno del exsecretario del consistorio de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, inhabilitado de su puesto por otro caso anterior. Indicó que informó de forma favorable a la concesión del permiso de actividad, que "en todo caso no era un expediente de puesta en funcionamiento", toda vez que "el permiso otorgado por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias daba cobertura a la licencia de actividad y además el Cabildo también había informado favorablemente". Precisó que "la calificación para ejercer la actividad se le da a la bodega al amparo de una autorización en suelo rústico que había dado el Gobierno de Canarias y si esto hubiera vulnerado el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) el Cabildo hubiera impugnado la resolución municipal".
Tras Bartolomé, fue llamado el ingeniero de la Oficina Técnica municipal Andrés Morales. Insistió que "el planeamiento municipal permitía la bodega, uso que también autorizó el Gobierno de Canarias" y que su cometido no era ver si cumplía con el Plan Insular sino con el municipal. Asimismo, aseveró que a la propiedad de la bodega se le advirtió de una serie de deficiencias en la documentación que tuvo que subsanar como la presentación del proyecto de instalaciones y que "no hubo quejas cuando el expediente de actividad clasificada salió a información pública".
Antes de que el juicio se parara sobre las 14.30 horas, el último acusado en comparecer ante la sala del TSJC fue el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, cuyo cometido fue dar la calificación sectorial de la actividad como paso previo a que Yaiza otorgara esa licencia.
En la tarde de este lunes y durante todo la jornada del martes está previsto que continúen las declaraciones del resto de los imputados, los cuatro concejales de la Junta Gobierno que dio la licencia de actividad a Stratvs -Evaristo García, Juan Lorenzo Tavío, Leonardo Rodríguez y José Antonio Rodríguez (Tato)- la alcaldesa de Yaiza y el empresario Rosa.
