"No hago llamadas para conseguirlo [en referencia al permiso de actividad de la bodega Stratvs] sino para interesarme por mi proyecto. Se trata de que pido la licenia en 2005, tengo todos los informes favorables y se me da en 2008. Tenía derecho a que me la dieran. ¡Vaya influencia buena tenía yo en ese aspecto!" ironizó ayer el empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa durante la primera jornada del juicio en el que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo juzga en Arrecife por un delito de tráfico de influencias, junto a otros nueve acusados, en la pieza separada de la macrocausa relacionada con presuntas irregulares en su bodega, ubicada en La Geria.
Rosa insistió en que "no habido ninguna influencia mía sobre nadie" y admitió que llamó al entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Yaiza, Leonardo Rodríguez, también investigado en este procedimiento, para conocer cómo iban los trámites de su solicitud porque "el tema urbanístico lo llevaba él". Añadió que se enteró de que la Junta de Gobierno municipal había dado el visto bueno a su petición cuando un empleado suyo acudió al consistorio a recoger la notificación del acuerdo "el 20 o 21 de diciembre" de 2008.
La llamada de Rosa a Rodríguez, imputado por tráfico de influencias y prevaricación urbanística, se produjo el 18 de diciembre de 2008, es decir, un día antes de que se reuniera la Junta de Gobierno, que, entre otros asuntos, abordó la licencia de actividad de Stratvs. Rosa negó que intentara forzar la voluntad de los concejales de la Junta de Gobierno para manipular el sentido de su voto y precisó que conocía a Rodríguez porque es "vecino del pueblo de Yaiza".
La Fiscalía interpreta esa conversación, "como un vínculo de camaradería" entre ambos, lo que dio pie a que Rosa solicitara, supuestamente, "ayuda" a Rodríguez para conseguir la licencia para su bodega. Aunque el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, intentó durante las cuestiones previas de la vista que el delito por el que se investiga a su cliente se declarara prescrito, finalmente la sala decidió que esa cuestión la valorará en la sentencia tras celebrarse el juicio, siguiendo así lo solicitado por la Fiscalía, por lo que el proceso se celebra con Rosa sentado en el banquillo de los acusados, precisamente, lo que quería evitar su letrado. Choclán ya había realizado esa misma petición en un escrito presentado a principios de junio, solicitud que fue rechazada.
El representante legal de Rosa insistió en que el supuesto delito de tráfico de influencias cometido por su defendido ha prescrito de forma "inequívoca y manifiesta", ya que "han pasado más de tres años" de la citada conversación y Rosa fue llamado a declarar por el mismo más de dos años después de la prescripción a la que se refería. "Es injusto someterlo [a Rosa] a un largo proceso", se quejó Choclán.
Sin embargo, la Fiscalía, representada en este juicio por el fiscal Ignacio Stampa, considera que el hecho de que la causa haya tenido que dividirse en dos por el aforamiento de la alcaldesa de Yaiza y diputada regional por el grupo de Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, regidora también en 2008 cuando la Junta de Gobierno dio la licencia de actividad a Stratvs e investigada en este caso, interrumpe la caducidad de la prescripción. Stampa dijo a su vez que el tráfico de influencias está ligado desde el principio con la otra pieza de este procedimiento.
La causa que no ha sido juzgada tiene que ver con la construcción de Stratvs y supuestos delitos ambientales y de usurpación de terrenos, entre otros, y la juzgará la Audiencia Provincial, que todavía no ha señalado la fecha del juicio.
Stampa ha señalado también que la calificación del supuesto delito cometido por Rosa podría sufrir modificaciones a tenor de las conclusiones a la que llegue tras la celebración del juicio oral, que se prevé se desarrolle hasta el viernes de esta semana.
Por otro lado, el abogado de Rosa tampoco logró durante las cuestiones previas que la Sala aceptara su petición de "expulsar" del procedimiento a la acusación particular, ejercida por la familia Negrín, que denunció que el empresario le usurpó terrenos para hacer su bodega. Además, Choclán quiso hacer valer ante la Sala una segunda sentencia que ha anulado el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, documento en el que se ampara Rosa para legalizar su bodega, argumentando que aún está pendiente de que se resuelva el recurso contra dicha anulación. Casualmente, el Boletín Oficial de Canarias (BOP) publicó este lunes la primera sentencia firme que ha anulado el citado planeamiento. Igualmente, en las cuestiones previas, el abogado de Rosa renunció a los peritos que había propuesto, pero mantenía el informe elaborado, a petición de Rosa, por la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Blanca Lozano Cutanda.
Aunque Rosa comenzó contestando a las preguntas del fiscal, tras advertirle de que solo respondería a las cuestiones planteadas sobre el delito de tráfico de influencias, sin embargo, por recomendación de su abogado desistió de seguir contestándole a Stampa, ya que entendía que el interrogatorio se extendía también a otros delitos que no estaban en el auto que ordenó la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal del TSJC.
"Sin dudas"
Tanto el exedil de Urbanismo, como la alcaldesa de Yaiza, así como el resto de concejales de la Junta de Gobierno que acordó dar la licencia de actividad a Stratvs el 19 de diciembre de 2008, Evaristo García, Juan Lorenzo Tavío y José Antonio Rodríguez (Tato), contestaron únicamente a las cuestiones de sus abogados. Todos justificaron que dieron el permiso porque "los informes eran positivos [los del Gobierno de Canarias, el Cabildo, el ingeniero municipal y el Consejo Insular de Aguas] y no había dudas al respecto" ya que, precisaron, "en caso de que hubiera existido cualquier duda, el asunto se quedaba sobre la mesa o no se otorgaba el permiso si los informes hubieran sido negativos".
Acuña está acusada de los presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra el medio ambiente en su modalidad de prevaricación ambiental, cometido en comisión por omisión. La alcaldesa recordó que se incorporó al ayuntamiento cuatro días antes de dar la licencia (el 15 de diciembre) y tan solo cuarenta días después de dar a luz a su hijo. Admitió que "si me hubiera cogido los cuatro meses de maternidad hoy no estaría aquí sentada". La Fiscalía pide para Acuña tres años y diez meses de prisión y ocho de inhabilitación.
Por otro lado, la regidora manifestó que en cuanto tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades de Stratvs tras una declaración en julio de 2013 en los juzgados de Arrecife dentro de la instrucción de la causa, mandó a dos técnicos al día siguiente a la bodega "pero tuvieron que marcharse porque el dueño lo ordenó". Regresaron la jornada siguiente acompañados de la Policía Local y abrieron expedientes sancionadores al restaurante, la tienda y la bodega. Reconoció que "aunque el expediente del restaurante era evidente puesto que no tenía ni proyecto", y procedió a precintarlo, sin embargo, en los relativos a la tienda y la bodega existían dudas.
Argumentó que tuvo que pedir colaboración interadministrativa al Cabildo de Lanzarote para tramitar sendos expedientes, puesto que el consistorio de Yaiza se había quedado sin secretario municipal debido a que Vicente Bartolomé había sido inhabilitado para ejercer su cargo por otro caso anterior, y además, los ingenieros de la Oficina Técnica Andrés Morales y Antonio Lorenzo ya estaban imputados por el 'caso Stratvs", por lo que declinaron encargarse de los citados procesos. La alcaldesa sureña detalló que había hecho tres requerimientos a la corporación insular, octubre, noviembre y diciembre de 2013, demandándole ayuda, que esa institución contestó después de que el juzgado cerrara la bodega en diciembre de ese año, es decir, en febrero del año siguiente.
El exedil Andrés Morales está acusado de prevaricación y prevaricación urbanística, mientras que a Juan Lorenzo Tavío se le investiga por este último.
El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, enjuiciado por prevaricación y prevaricación urbanística en esta pieza de Stratvs, fue el primero en declarar. Únicamente contestó a las preguntas de su abogado, José Enrique Gómez. Aseveró que dio la licencia a la bodega porque "tenía permiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo, pues de lo contrario me preguntarían por qué no se la di".
"La ceremonia de la confusión"
- La letrada de la Asociación Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, que ejerce de acusación popular en este proceso, recriminó al abogado del empresario Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán, que creara con la defensa de su cliente otro "capítulo de la ceremonia de la confusión que habitualmente practica Rosa". Se refería a la insistencia de Choclán de considerar prescrito después de tres años el delito de tráfico de influencias por el que se investiga al propietario de la bodega Stratvs en esta pieza separada, ya que ese abogado tomaba como referencia la conversación teléfonica entre Rosa y el entonces concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez, el 18 de diciembre de 2008 en el que el primero le preguntaba al edil por la licencia de actividad de su bodega, un día de antes de que la Junta de Gobierno municipal la aprobase. Sin embargo, Ferrer considera que el citado delito es continuado ya que "ha habido tráfico de influencias desde los primeros trámites hasta el final, pues ha reconocido [Rosa] en una de sus declaraciones que cuando necesita que mueva los papeles llama directamente".
