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El denunciante de Stratvs: "Rosa tiene capacidad para influir hasta en las administraciones de Europa"

El abogado del empresario cuestiona la denuncia de la bodega al considerar que surge de un expediente bajo secreto de sumario judicial de otro caso

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reanudado este miércoles el juicio de la pieza del 'caso Stratvs' relacionada con la concesión de la licencia de actividad a la bodega el 19 de diciembre de 2008 por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza.

Esta segunda sesión, dedicada a las declaraciones de los testigos propuestos por las partes, se inició con el denunciante del caso, Javier Díaz Reixa, que precisó que decidió interponer la denuncia a título particular. Díaz Reixa es miembro de la Asociación Transparencia Urbanística, personada como acusación popular en este procedimiento y constituida después de que Díaz Reixa decidiera denunciar la construcción de la bodega en La Geria, propiedad del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, acusado de tráfico de influencias en esta causa y uno de los diez enjuiciados en el proceso que juzga el TSJC.

El denunciante reconoció que tuvo dificultades para reunir la documentación del expediente de la bodega Stratvs con la que poder formular la denuncia, toda vez que el Ayuntamiento de Yaiza se negaba a facilitársela cuando la solicitó a principios del año 2009 y que la consiguió tras la petición a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.

Díaz Reixa afirmó, a preguntas de la abogada de Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, que era "absolumente" pública y notoria la apertura y las actividades de Stratvs. De hecho, precisó este testigo, "la puesta en marcha de la bodega apareció en múltiples medios de comunicación" en los que se hablaba a su vez del "trato de favor" a Stratvs a tenor de las quejas de otros bodegueros. Dijo además que la denuncia la dirigió "contra las personas que se consideren responsables de la construcción de la bodega y se habla abiertamente de la actividad de puesta en funcionamiento de la misma".

Asimismo, Díaz Reixa contestó afirmativamente a la cuestión planteada por Ferrer sobre la "capacidad de influencia de Juan Francisco Rosa en las administraciones públicas de Lanzarote y Canarias", a lo que luego añadió "de Europa". Aseveró que conoce a Rosa a raíz de una carta que dirigió el empresario a Jerónimo Saavedra cuando éste era presidente del Gobierno de Canarias, "pidiéndole que se interesara por los resultados de ejecuciones de la sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJC en la que se anulaba la licencia del Aparthotel Fariones", ubicado en Puerto del Carmen (Tías), propiedad de Rosa. "A partir de ahí es público y notorio que Juan Francisco Rosa tiene mucha influencia en todas las administraciones públicas", subrayó. Díaz Reixa se refirió además a la nulidad de licencias por parte de los tribunales del puerto deportivo Marina Rubicón y los hoteles Son Bou y Princesa Yaiza, en Playa Blanca, propiedades relacionadas con Rosa. "Casi todas las actuaciones que le conozco a Juan Francisco Rosa son públicas y notorias y han sido hechas en contra de la legalidad territorial, urbanística y de los recursos naturales", sentenció Díez Reixa.

El abogado de Rosa, José Antonio Choclán, detalló que Díaz Reixa puso la denuncia el 6 de julio de 2009 y añadió que "hay una certificación negativa" de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias "en la que consta que no solicitó el expediente". Sin embargo, Díaz Reixa insistió en que sí pidió la citada documentación y que lo hizo por escrito después de que le indicaran de que tenía que hacerlo por esa vía. Se la entregaron "digitalizada", según dijo.

Choclán aseveró que la documentación que le entregó la Dirección General de Urbanismo a Díaz Reixa es "muy parcial porque es un expediente más reducido y no contiene toda la información que usted baraja de forma pormenorizada en su denuncia". El letrado de Rosa estaba empeñado en esclarecer si hubo supuestas filtraciones de información en este procedimiento, para lo que demandó saber de dónde obtuvo Díaz Reixa "toda la información que de manera pormenorizada relata en su denuncia de modo cronológico y preciso con fechas de resoluciones y datos administrativos que no están en el expediente de la consejería, toda vez que el consistorio de Yaiza se la había negado y que la UCO se llevó esa documentación" en el registro que hizo del ayuntamiento en mayo de 2009 dentro de la 'operación Unión', es decir, algo más de un mes antes de que Díaz Reixa interpusiera su denuncia en el juzgado.

Díaz Reixa reiteró que la consejería le había entregado la documentación, aunque también admitió que la letrada Ferrer "nos consiguió algunos documentos, supongo que de forma lícita porque los expedientes son públicos, entre lo que fui a la consejería e interpuse la denuncia". Entonces salió al paso Ferrer para defender la legalidad de su actuación y dirigiéndose a Choclán le aclaró que "si se refiere a los expedientes que la Guardia Civil registró en el Ayuntamiento de Yaiza estaban bajo secreto de sumario", por lo que no podía tener acceso a lo mismos. Así quiso despejar dudas y que se dejara constancia de su protesta. Choclán seguía poniendo en duda la denuncia de Stratvs al entender que la misma partía de un expediente que estaba bajo secreto de sumario.

El agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dirigió el registro en el consistorio de Yaiza en mayo de 2009 en el marco de 'Unión' manifestó a través de videoconferencia que "dentro de las diligencias que estaban en marcha por el juzgado se registraron diversas dependencias, entre ellas los despachos de la alcaldesa y el secretario y las dependencias de Urbanismo". Entre la documentación que se llevó la UCO figuraba la que estaba relacionada con asuntos de Rosa. A la pregunta del fiscal Ignacio Stampa sobre si el entonces concejal de Urbanismo Leonardo Rodríguez, acusado de tráfico de influencias en el 'caso Stratvs', estaba siendo investigado y tenía su teléfono intervenido objeto de la investigación, el guardia civil respondió que "sí".

El agente de la UCO puntualizó que lo que se investigaba era la pieza relacionada con los terrenos de Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza). Por ese suelo, del que eran promotores Rosa y el abogado Luis Lleó, se investiga un presunto intento de soborno al entonces consejero de Medio Ambiente del Cabildo, el socialista Carlos Espino.

El hecho de que Rosa fuera a ser uno de los principales beneficiarios de las parcelas, llevó a la UCO y la Justicia a investigarlo. La Guardia Civil ya había grabado conversaciones telefónicas en esa época al concejal de Urbanismo Leonardo Rodríguez, sospechoso de cometer un delito de tráfico de influencias relacionado con otro caso, entre las cuales había algunas en las que hablaba con Rosa sobre una licencia.

Por otro lado, el guardia civil reveló que se referían a Rosa o a Dimas Martín cuando se hablaba del "jefe" en las conversaciones intervenidas. Dimas fue empleado de Rosa en una de las salidas de la cárcel del exlíder del PIL para poder disfrutar del tercer grado penitenciario.

La defensa de Rosa considera que se juzga a su cliente en esta pieza del 'caso Stratvs' por unas diligencias que no tienen que ver con esta causa, ya que se abrieron con anterioridad a que se originara este procedimiento el 6 de julio de 2009 con la denuncia de Díaz Reixa. Choclán también entiende que en su momento no se consideró delito la conversación telefónica entre Rosa y Rodríguez del 18 de diciembre de 2008 sobre la licencia de actividad en su bodega, por lo que no se comenzó a investigar hasta la denuncia de Díaz Reixa de julio del año siguiente.

Esta mañana también declaró en calidad de testigo y perito el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzó, quien realizó una visita de inspección a la bodega en 2009. Entre las deficiencias administrativas de las instalaciones, detalló que el restaurante de Stratvs no tenía proyecto técnico y que la bodega carecía de licencia de funcionamiento, que era distinta a la de actividad. A su vez ni la cafetería ni la tienda tenían licencia de actividades clasificadas, según Lorenzo.

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