La defensa del empresario turístico y propietario de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, no dudó en asegurar ayer que la decisión del Ministerio Fiscal de modificar la calificación penal para añadir el delito de inducción a la prevaricación "es un fraude de ley" que tiene como objetivo tratar de eludir la prescripción del delito de tráfico de influencia por la llamada telefónica realizada al que fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Yaiza, Leonardo Rodríguez, en diciembre de 2008, un día antes de aprobarse en la junta de gobierno la licencia de actividad de la bodega.
El abogado de Rosa, José Antonio Choclán, mantiene que el delito de tráfico de influencia prescribió a los tres años de esa llamada que fue interceptada tras ser intervenido judicialmente el teléfono del concejal Leonardo Rodríguez durante la denominada operación 'Unión'.
Sin embargo, Choclán afirma que la petición de ayuda que le formuló el empresario al concejal no puede entenderse como una inducción a la prevaricación. "La mera audición de la conversación no tiene ningún significado penal", destacó el abogado de Rosa al señalar que en ningún momento se ha podido demostrar que esa llamada telefónica fuese capaz de cambiar la posible voluntad del concejal de votar en contra de la licencia de actividad.
Choclán sostuvo que a pesar de que la llamada fuera "socialmente inadecuada" no puede calificarse como tráfico de influencia con inducción a la prevaricación. Durante la lectura de las conclusiones definitivas en el juicio que se venía celebrando desde el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Arrecife al desplazarse la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Choclán criticó la "instrucción inquisitoria" que había sufrido Rosa durante el 'Caso Stratvs'.
La Fiscalía solicita para Juan Francisco Rosa una pena de año y seis meses de prisión, mientras su defensa pidió ayer la absolución de los dos delitos.
Choclán dijo que no podía aceptarse el intento de la Fiscalía y de la acusación popular de otorgar a Juan Francisco Rosa una "influencia global" a todas las instituciones sino que había que limitarse a los hechos que se recogían en el escrito de acusaciones, es decir, de haber influido en Leonardo Rodríguez para que votase a favor de otorgar la licencia.
La defensa de Rosa alabó también la actitud de los concejales de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Yaiza cuando otorgaron la licencia de actividad para la bodega al entender que los temas "judicialmente discutibles" no pueden entenderse como un delito de prevaricación. "No hay nada claramente grosero", afirmó en relación a las posibles ilegalidades que se han denunciado en torno a la concesión de la licencia. "La aplicación selectiva de la responsabilidad penal no es admisible en un estado de derecho", apuntó.
