El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una pena de 21 meses de cárcel que la Audiencia de La Palmas impuso a un guardia civil de Lanzarote por quedarse con droga procedente de diversas operaciones policiales.

La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, que luego fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha sido declarada ahora firme por la Sala de lo Penal del Supremo, con el magistrado Alberto Jorge Barreiro como ponente.

El Alto Tribunal desestima así el recurso de casación presentado por el guardia civil y le condena como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 21 meses de prisión, una pena que podría quedar en suspenso al ser inferior a los dos años de cárcel y carecer el agente de antecedentes penales.

La Sala de lo Penal del TS considera probado que el agente se apropió de pequeñas cantidades de droga intervenidas en diferentes operaciones contra el menudeo de hachís, marihuna y cocaína, según la sentencia hecha pública por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Canarias.

El guardia civil estuvo destinado durante el 2010 al Equipo de Seguridad Ciudadana de la 3º Compañía de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote. Entre sus atribuciones le correspondía participar en la tramitación de los expedientes administrativos de seguridad ciudadana relativos a denuncias por incautaciones de sustancias estupefacientes de tráfico prohibido en la vía pública o centros de ocio.

El día 28 de abril de 2010, fruto de su actividad en la tramitación de esos expedientes, la policía encontró en casa del guardia civil 16,07 gramos netos de hachís con una riqueza media del 13,10 % en THC; 1,70 gramos netos de marihuana (cannabis sativa) con una riqueza media del 3.6 % en THC, y, 0,50 gramos netos de cocaína, con una riqueza media del 4,43 % en pasta base.

El acusado, en el marco de sus atribuciones, con el fin de obtener un beneficio económico y a sabiendas de que con dicha conducta contravenía los deberes de fidelidad inherentes a su cargo, se apoderó de la sustancias que poseía en su domicilio, las cuales procedían de incautaciones de sustancias estupefacientes en la vía pública, establece la sentencia.