El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una pena de 21 meses de cárcel que la Audiencia de La Palmas impuso a un guardia civil de Lanzarote por quedarse con droga procedente de diversas operaciones policiales.
El juicio se celebró en febrero del año pasado en la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas mediante el sistema del jurado popular, que declaró culpable al agente. La sentencia dictada por la Audiencia fue luego ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ha sido declarada ahora firme por la Sala de lo Penal del Supremo, con el magistrado Alberto Jorge Barreiro como ponente.
El Alto Tribunal desestima así el recurso de casación presentado por el guardia civil Carlos Alberto Troyano Astorga y le condena como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 21 meses de prisión, una pena que podría quedar en suspenso al ser inferior a los dos años de cárcel y carecer el agente de antecedentes penales.
La Sala de lo Penal del TS considera probado que Carlos Alberto Troyano Astorga se apropió de pequeñas cantidades de droga intervenidas en diferentes operaciones contra el menudeo de hachís, marihuana y cocaína en la vía pública, según la resolución judicial hecha pública por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La sentencia es firme porque contra la misma no cabe recurso.
El guardia civil estuvo destinado durante el 2010 al Equipo de Seguridad Ciudadana de la 3º Compañía de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote. Entre sus atribuciones le correspondía participar en la tramitación de los expedientes administrativos de seguridad ciudadana relativos a denuncias por incautaciones de sustancias estupefacientes de tráfico prohibido en la vía pública o en centros de ocio.
El día 28 de abril de 2010, fruto de su actividad en la tramitación de esos expedientes sancionadores, la policía judicial encontró en casa de Carlos Alberto Troyano Astorga 16,07 gramos netos de hachís con una riqueza media del 13,10 % en THC; 1,70 gramos netos de marihuana (cannabis sativa) con una riqueza media del 3.6 % en THC, y 0,50 gramos netos de cocaína con una riqueza media del 4,43 % en pasta base.
El acusado, en el marco de sus funciones como guardia civil, con el fin de obtener un beneficio económico y a sabiendas de que con dicha conducta contravenía los deberes de fidelidad inherentes a su cargo, se apoderó de la sustancias que poseía en su domicilio, las cuales procedían de incautaciones de sustancias estupefacientes en la vía pública, establece la sentencia. El Supremo rechaza que haya existido un error al valorar la prueba por parte de la Audiencia de Las Palmas.
