El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote incoará los 45 expedientes de las desaladoras privadas que hay en la isla para "regularizar este sector, que actualmente está trabajando sin autorizaciones". Esta decisión se ha tomado en la reunión que el Consejo ha celebrado hoy y ha contado con el voto favorable de la mayoría de los representados y el rechazo de la patronal turística Asolan y la Confederación de Empresarial de Lanzarote, según ha informado el Cabildo conejero en un comunicado.
La tramitación de estos expedientes se dividirá en tres bloques, dependiendo de las circunstancias de cada desaladora, según ha explicado el presidente del Cabildo y, a su vez, del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Pedro San Ginés. En primer lugar se actuará contra las 16 desaladoras que no tienen autorización, que nunca la han solicitado o que les ha sido denegada antes de la aprobación de las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica. El segundo bloque de actuación, que comenzará una vez concluya la primera parte, consta de otras 16 desaladoras que carecen de título habilitante, pero que sí habían solicitado la autorización antes de la aprobación del Plan Hidrológico. En último término se ejecutarán los expedientes de 13 desaladoras que se encuentran en proceso de renovación o que tienen la autorización en vigor.
El gerente del Consorcio Insular de Aguas, Erik Martín, ha defendido que tanto en el Plan Insular de 1991, como en el Plan Hidrológico Insular de 2001 o en las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica, actualmente en vigor, "la normativa respecto a las desaladoras privadas siempre ha sido la misma".
A este respecto, ha indicado que en el abastecimiento de agua, al tratarse de un servicio de interés general en Lanzarote, "siempre ha estado prohibida la autorización de desalación industrial para autoconsumo, salvo allí donde no llegue la red pública".
Igualmente, ha asegurado que, a pesar de los esgrimido por las patronales turísticas y determinados partidos políticos, está prohibición a la que hacen referencia está amparada legalmente en una normativa europea que excluye de manera expresa "los servicios de distribución y suministro de agua y los servicios de aguas residuales" de la aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva Bolkstein).
Además, ha explicado que el Plan Hidrológico de Canarias de 2001 estima "la conveniencia de fomentar o desalentar la implantación de plantas individuales destinadas a la autoproducción".
La Gerencia del Consejo Insular de Aguas ha recordado que en Lanzarote hay unos 250 complejos turísticos de los que 200 "no pagan el agua a precio industrial, como sí lo hacen 17.250 abonados, entre los que se encuentran guarderías, bares o tiendas".
La facturación del agua industrial representa en Lanzarote el 70 % del total, a pesar de que su número de abonados supone solo en torno al 25 %.
Para el Consejo, esto supone que "cualquier liberalización del sector conllevaría irremediablemente a una subida desorbitada del agua de abasto doméstico".
