La presidenta de la Asociación de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez, mostró ayer su disconformidad con el acuerdo del Consejo Insular de Aguas para expedientar a 44 negocios alojativos. Dijo que hay "errores" en la clasificación de establecimientos y su situación no se corresponde con la realidad, pues "muchos de ellos tienen autorización para desalar". Pidió, sin éxito, dejar el asunto sobre la mesa hasta que el consejo revisara la documentación.
Pérez criticó que "Lanzarote sea la única Isla de Canarias en la que se impiden las desaladoras privadas" y consideró que "prohibirlas supondría espantar nuevos inversores y un desaliento para las empresas que están funcionando porque dejarían de ser competitivas". El precio del metro cúbico de agua desalada para consumo industrial suministrada por el consorcio es de 2,90 euros, el triple de lo que le cuesta a los hoteleros con sus desaladoras. El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reconoció que el precio es "elevado, pero menos que en otros lugares".
La directora de operaciones en Canarias de Meliá Hotels International, Sandra Guervós, recordó que cuando se inauguró en 1977 el hotel Gran Meliá Salinas, en Costa Teguise, su planta sirvió para dar agua a la urbanización. Indicó que se pidió la renovación del permiso, pero el consejo no ha contestado, al igual que con la petición del Sands Beach Resort, según su director, Juan Carlos Albuixech. Señaló que "tenemos la autorización de Industria para producir agua potable en nuestras instalaciones".
