Los trabajadores en huelga indefinida desde el pasado 15 de agosto de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (CACT) han manifestado hoy a través de su asesor laboral, Andrés Barreto, que su intención es seguir negociando con la empresa para llegar a un acuerdo y acabar con las movilizaciones cuanto antes y poder así abrir los espacios turísticos de forma inmediata con el fin de proceder a su limpieza y mantenimiento y recibir de nuevo a los visitantes.

Mañana habrá un nuevo Consejo de Administración de los CACT,que se reúne con carácter extraordinario y urgente, para valorar la propuesta del Tribunal Laboral Canario trasladada a las partes ayer, y el lunes se volverán a reunir con la mediación del citado tribunal tras la falta de acuerdo de la pasada jornada.

En la rueda de prensa celebrada este viernes en el Monumento al Campesino y respaldado por centenares de trabajadores de los centros turísticos, Barreto desmintió que el pago de las reivindicaciones salariales por los complementos de vacaciones y de personal a los 300 trabajadores del Ente Público Empresarial Local (EPEL) que gestiona los centros turísticos suponga a esa entidad el desembolso de 1,5 millones de euros al año, tal y como cuantificaron la pasada semana el consejero de Turismo del Cabildo, Echedey Eugenio, y el titular de Hacienda, Luis Arráez.

Barreto cifró en unos 700.000 euros anuales, que la empresa ha detraído desde 2014 (año en el que se firmó el convenio colectivo vigente, con validez hasta 2020) de las nóminas de los trabajadores, la cantidad a percibir por el conjunto de la plantilla, unos 380.000 por los tres pluses extrasalariales (disponibilidad, transporte y lavado de ropa, 383,24 euros por asalariado), a recibir también cuando los trabajadores están de vacaciones, y alrededor de 300.000 euros por el complemento personal. No obstante, “Barreto detalló que la media podría salir un poco menos, entre 450.000 y 500.000 euros, porque todos los trabajadores no tienen la misma antigüedad”.

En relación al punto quinto de la propuesta trasladada a las partes ayer por el Tribunal Laboral Canario en el que la empresa y los trabajadores acuerdan que los pluses de disponibilidad, transporte y lavado de ropa (artículo 11.3 del convenio colectivo), se abonará a los trabajadores conforme a lo establecido en la tabla salarial del convenio colectivo de empresa, es decir, en 12 pagas mensuales, y por los importes que en dicha tabla constan, con independencia de que se esté disfrutando de vacaciones, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 30 de noviembre de 2016 y sin descontar dicha cuantía del complemento personal, Barreto aseguró que el ente no ha especificado el plan de pago para que los trabajadores reciban ese dinero, por lo que no aceptarán, al menos, ese punto del escrito del Tribunal Laboral Canario tal cual está recogido.

"No se pide más dinero"

"No se pide más dinero"El asesor laboral de la plantilla negó que los trabajadores pidan más dinero. “Eso no es verdad”, aseveró rotundo. “Solo queremos que se les pague el dinero que se les ha estado quitando de las nóminas, entre 30 y 50 euros mensuales dependiendo de los casos”. Si la Justicia no diera la razón a las más de 400 demandas individuales que han interpuesto los trabajadores por ese asunto, cada asalariado devolvería a la empresa el dinero del complemento personal.

Barreto mostró un documento de 8 de julio de 2013 firmado por el consejero delegado de la EPEL, José Juan Lorenzo, y con registro de entrada en el Comité de Empresa de los Centros Turísticos el 9 de agosto de ese mismo año, previo a la negociación del actual convenio, en el que, entre otros puntos, se aclara que “la antigüedad no se elimina”, por lo que “cada trabajador sigue cobrando lo mismo que hasta ahora aunque siga congelada la antigüedad durante la vigencia del convenio colectivo 2013 a 2017”. Igualmente, ese escrito recoge en su punto cuarto que “no se pierden dos pagas extras”, toda vez que “la empresa crea un complemento personal que incluye las dos pagas extra que se reducen, por lo que el trabajador cobraría lo mismo en 14 pagas que lo que cobraba en 16, excepto la reducción salarial”.

Ante eso Barreto se preguntó “por qué entonces se descuesta dinero de la nómina de los trabajadores si no iban a haber pérdidas”.

En relación al complemento de personal, el documento subraya que el mismo “garantiza la viabilidad futura de la empresa y permite que se pueda crear empleo”. Añade que “se mantienen los derechos adquiridos de los trabajadores actuales, pero permite contratar a los nuevos trabajadores con unas condiciones económicas más bajas, aunque absolutamente equiparables a las actuales del mercado laboral, ya que el salario que la dirección propone en las tablas salariales es superior al Convenio Provincial de Hostelería de la Provincia de Las Palmas”.

Un 10% por la mora

Por otro lado, Barreto detalló que “en ningún momento de esta negociación” los trabajadores han pedido a la empresa que se les abone el 10% en concepto de mora correspondiente a las diferencias salariales del sueldo de la nómina desde 2015. Explicó que esa petición aparece en las demandas laborales presentadas por los trabajadores en los juzgados para reclamar la cantidad por diferencias por salarios porque “la ley dice que cuando una empresa no cumple con su obligación de pagar en el tiempo en el que debe hacerlo, los trabajadores pueden pedir un 10% de mora”. Si se pidiera ese 10%, que “en justicia le corresponde a los trabajadores”,dijo Barreto, el dinero que tendría que desembolsar la EPEL por ese concepto sería de unos 5.000 euros.