El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha archivado de manera definitiva la querella presentada contra el magistrado Rafael Lis Estévez por supuestas irregularidades derivadas del robo de autos del caso Unión, una de las mayores tramas de corrupción que afectan a Lanzarote.

Lis fue denunciado en abril del año pasado ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJC por José Ramón Vera Machín, secretario del juzgado que comenzó a investigar el caso Unión, con la dirección del magistrado César Romero Pamparacuatro, quien, a su vez, llevó al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife la desaparición de una parte del sumario.

Lis abrió diligencias y declaró la causa secreta, pero permitió la personación del empresario Luis Lleó Khunel, del abogado Felipe Fernández Camero y del político Dimas Martín, los tres investigados en Unión. También aceptó una ampliación de la denuncia por el robo de autos contra el secretario Vera Machín y dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez había sido recusado por la Fiscalía y, por tanto, debía de abstenerse de participar en la instrucción hasta que la Audiencia de Las Palmas resolviera ese incidente. De ahí la querella del secretario ante el TSJC.

El magistrado Javier Varona, tras interrogar a Lis como investigado y practicar otras pruebas, decretó el sobreseimiento de las actuaciones al descartar en mayo los delitos de prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad en documento público. Ese archivo es el que ahora ha confirmado la Sala de lo Penal del TSJC, según explican fuentes judiciales.

El tribunal, por tanto, ratifica los argumentos de Varona para sobreseer la causa. El instructor concluye que en la "ejecución" del auto dictado por Lis se "constatan numerosas y graves irregularidades". Esas anomalías "pueden" motivar la nulidad del procedimiento, pero no son "achacables" al juez, porque el responsable de ejecutar la resolución es el secretario y los funcionarios, concluye Varona.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin embargo, suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a Lis como autor de una falta muy grave al desatender sus funciones judiciales, en concreto por no apartarse de la causa del robo o sustracción de autos al estar recusado. El juez ha recurrido la sanción administrativa.