El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha acordado la reapertura de las diligencias previas que se iniciaron a raíz de una denuncia de Alternativa Ciudadana para investigar cuatro contratos de obras hidráulicas por valor de 4,6 millones de euros ejecutadas por el Consejo Insular de Aguas y la empresa pública del agua, Inalsa, ambas controladas por el Cabildo de Lanzarote. Una medida que se lleva a cabo atendiendo a la solicitud del Ministerio Fiscal tras el informe de la Audiencia de Cuentas al detectarse presuntas irregularidades en los contratos de obras.
No obstante, de los cuatro contratos, el Juzgado de Instrucción número 4 solo asume uno de ellos, mientras que los otros tres pasarán a manos de otros juzgados de la capital conejera. En este caso, el juez deberá constatar si desde la mercantil Inalsa se desviaron importes monetarios sin justificar, y en concreto examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta desaladora Lanzarote II por un importe de 97.245 euros.
La obra de mayor cuantía que está bajo sospecha fue ejecutada en diciembre de 2007 por el Consejo Insular de Aguas y se refiere a la ampliación del Centro de Producción Sur de agua desalada (desaladora de Janubio en Yaiza), con un coste final de 1,8 millones de euros. Durante la ejecución del proyecto, la socialista Manuela Armas era la presidenta del Cabildo.
El segundo contrato en importancia, también del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, está relacionado con la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas, con coste final de 1,5 millones de euros, en junio de 2010. Según puntualizó ayer el Cabildo, las competencias en materia hidráulica estaban delegadas en el consejero del PIL, Fabián Martín, aunque bajo la presidencia de Pedro San Ginés (CC).
El cuarto de los proyectos que se van a investigar es un expediente de contratación del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros en agosto de 2012, cuando tenía las competencias delegadas Sergio Machín.
La misma diligencia del juzgado de instrucción número cuatro recoge también que "no se advierte irregularidad alguna en lo relativo al abono del denominado canon de Inalsa al Consorcio, ni respecto la modificación de la tarifa de agua y la convocatoria del procedimiento abierto de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en la isla de Lanzarote de noviembre de 2012". Y es que en la denuncia presentada por Alternativa Ciudadana (AC) se cuestionaba la legalidad de la adjudicación del servicio integral del agua a la empresa Canal Gestión Lanzarote.
En la denuncia de Alternativa que se ha reabierto se solicitaba que se investigara las obras realizadas por Inalsa desde el año 2006 . "No se ha verificado si el destino final de las cantidades invertidas por Inalsa en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó en los ejercicios 2006 a la actualidad; y pide que "se compruebe si existen partidas o gastos no justificados realizados por Inalsa en el mismo periodo antes reseñado".
La empresa Inalsa entraba en concurso de acreedores en abril de 2009 por no poder hacer frente a unas deudas superiores a los 30 millones de euros, la mayor parte contraídas con Endesa, Aguas Filtradas y FCC, en este último caso por el incumplimiento del contrato para construir una desaladora en Yaiza. Alternativa mantiene que fueron los políticos que gestionaron Inalsa los que llevaron a la ruina a la empresa pública.
