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Tribunales 'Operación Jable'

"Un error judicial me ha arruinado"

El constructor José Ramón Vizcaíno acusado por insolvencia punible en el Caso Unión tras ser detenido el 23 de abril de 2010 asegura que no es un testaferro de Dimas Martín

José Ramón Vizcaíno durante la entrevista en la sede de LA PROVINCIA en Arrecife. D.R.

El 23 de abril de 2010, hace hoy ocho años, el constructor y promotor José Ramón Vizcaíno era detenido a las siete y media de la mañana en su domicilio por agentes de la UCO de la Guardia Civil dentro de la denominada 'Operación Jable' en lo que se conoce como el 'Caso Unión', la mayor operación contra la corrupción en Lanzarote. Tras tres días en los calabozos de la Guardia Civil en Costa Teguise era dejado en libertad acusado por los presuntos delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales. Ocho años en los que no ha sido llamado a declarar hasta el punto que asegura que su nombre ha desaparecido incluso de la enorme lista de imputados por esta causa.

La detención de Vizcaíno se enmarca dentro de la investigación abierta para determinar si el expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador del PIL, Dimas Martín utilizó a varias personas de su confianza para ocultar un patrimonio que aglutinaría hasta 48 propiedades para así no hacer frente a la multa de más de cinco millones que debía pagar por la condena de malversación de caudales públicos del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su etapa como alcalde de este municipio.

"Dimas jamás me dijo que pusiera nada a su nombre y jamás me dio un trabajo en las instituciones, ni falta que me ha hecho", insiste Vizcaíno que recalca que "un error judicial me ha arruinado". Este constructor que fue afiliado del PIL insiste que después de salir el 26 de abril de 2010 de los juzgados no ha sido llamado a declarar ni una sola vez. "Conmigo solo hablaron cuando me detuvieron. He sido yo el que he tenido que ir tocando en las puertas de la justicia. Nadie tiene derecho a perder sus propiedades porque un juez se haya equivocado. Lo que me ha hecho la justicia ha sido mi ruina", afirma.

Un periodo en el que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al Poder Judicial, al Diputado del Común y hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para intentar que se aclarase su situación procesal. "En los escritos les digo que me están haciendo daño, que están equivocados, que no soy testaferro de Dimas y exijo que aceleren las cosas porque también afecta a mi salud".

Aunque reconoce que realizó muchos trabajos como constructor a Dimas, entre los que se encuentra la construcción de una piscina en su casa de Los Lajares o la vivienda a una de sus hijas en Guatiza, siempre le cobró. "Yo no le perdono dinero a nadie", sentencia. Una relación con el expolítico lanzaroteño que asegura que se rompió en el año 2004 cuando denunció a la que era alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz (PIL) por el impago de unas obras particulares. Un constructor que también denunció al PIL por no pagarle unas obras de reforma en la sede de este partido. "Jamás a Dimas ni a nadie les voy a permitir que me choteen ni toreen", recalca.

Tras tres años teniendo que ir a firmar cada mes al juzgado de instrucción nº 5, el que instruye la causa principal del Caso Unión, Vizcaíno asegura que en 2013 descubre tras presentar un escrito que la pieza separada de su causa ha pasado al juzgado de instrucción nº 4. "Mi abogada va a ese juzgado y tras introducir mi DNI en el ordenar le comentan que no aparezco en ninguna causa. Así que ese juez le pide un informe al juzgado de instrucción número cinco para que le digan en que situación me encuentro. Y contesta con una resolución en la que asegura que no tiene conocimiento de que yo esté imputado. Entonces mi abogada decide personarse en la causa para saber qué es lo que ha sucedido conmigo", afirma.

Medidas cautelares

Medidas cautelares

"Llegó un momento en que firmaba en los dos juzgados hasta que un día la juez del cinco me vio y me dijo que ya no fuera más a firmar en su juzgado", señala.

Vizcaíno recalca que se le han bloqueado desde hace ocho años una serie de pagarés para cobrar el dinero de una vivienda que había construido y se le mantuvieron hasta el pasado año una serie de medidas cautelares contra un proyecto con licencia aprobada por el Ayuntamiento de Teguise para construir varias viviendas en Los Cocoteros, lo que le ha llevado a la ruina. "Le debo al banco más de 100.000 euros por un préstamo que pedí para esa obra. Si me detuvieron por ese proyecto, lo que no entiendo es por qué no se detuvo también al administrador de esa sociedad, será que no era del PIL".

"Hubiese sido mejor que me hubiesen metido en la cárcel desde el día en que me detuvieron porque ahora estaría libre y ganando perras", sentencia.

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