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Un "error léxico" deja sin interventor a Arrecife y en riesgo de bloqueo de pagos

Función Pública invalida el nombramiento de una empleada municipal que carecía de habilitación nacional

Los clubes deportivos, aún sin ayudas.

El Ayuntamiento de Arrecife busca con urgencia un interventor ante el temor de paralizar y retrasar aún más los pagos pendientes a proveedores y las subvenciones ya aprobadas después de que la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias invalidara el pasado miércoles el nombramiento de la hasta entonces interventora municipal, una funcionaria del consistorio que cubría el puesto con carácter accidental desde mediados de marzo de este año. La nulidad, explicaron ayer fuentes municipales, se debe a "un error léxico" en el escrito que Arrecife envió a Función Pública en la tramitación de dicho nombramiento.

El consistorio comunicó a Función Pública la designación de la trabajadora municipal que se haría cargo del departamento de Intervención, cuando en realidad donde ponía designación en el escrito debía haber dicho propuesta. El viernes de la pasada semana, 27 de abril, Arrecife, sin que Función Pública hubiera detectado la equivocación, comunicó este hecho a ese departamento del Ejecutivo regional, que el miércoles 2 de Mayo invalidó la designación sin hacer mención al escrito que le había remitido Arrecife la semana anterior y sin apuntar una solución al respecto, indican desde Arrecife.

Al problema de concepto detectado y la invalidación de la funcionaria municipal que atendía la Intervención, se suma la obligación de que los interventores de las administraciones públicas deben contar con la habilitación nacional, de la que carece la citada empleada capitalina (ya había hecho sustituciones en el mismo puesto), a la que obliga el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE el 17 de marzo de este año. Con esta medida el Gobierno Central pretende aumentar la profesionalidad y eficacia de las funciones de asesoramiento legal y el control interno que ejercen en las entidades locales y establece requisitos excepcionales y estrictos para la provisión de habilitados nacionales por libre designación, además de incrementar las garantías en el nombramiento y cese de los mismos.

Se de la circunstancia de que una interventora habilitada nacional había mostrado hace varias semanas su intención de trasladarse a Arrecife para cubrir el puesto, según el Ayuntamiento, pero "no hemos vuelto a saber nada más". En todo caso, Arrecife trabaja para encontrar la solución que resuelva, al menos de forma transitoria, la falta de responsable de Intervención, imprescindible, además de en el funcionamiento diario de la institución, en la Comisión Especial de Cuentas y en los plenos de la corporación. El jueves de la próxima semana está prevista una sesión plenaria, que no se podrá celebrar si no se encuentra un interventor.

La interventora que ahora ha tenido que dejar el cargo tras ser anulado su nombramiento sustituyó a mediados de marzo de este año a otra interventora, con habilitación nacional para ejercer el cargo y también de carácter accidental, la cual ocupaba una plaza para la que no estaba habilitada, para ayuntamientos inferiores a 50.000 habitantes, no siendo ese el caso de Arrecife. En el concurso de traslados de Función Pública se le asignó el Ayuntamiento de Tías. Esta última trabajadora podía continuar en el consistorio tras solicitar un prórroga, pero la alcaldesa, Eva de Anta, la denegó porque ya se había puesto en contacto con otra interventora habilitada nacional para ayuntamientos de primera categoría, que es la que aún no se ha presentado en Arrecife.

La interventora desplazada en Tías sustituía desde agosto de 2017 al titular de la plaza en Arrecife, Carlos Sáenz, inhabilitado por un periodo de ocho años y un día y condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos continuados de malversación y prevaricación en la pieza separada Proselan, que se juzgó dentro del caso Unión.

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