El magistrado juez del Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife investiga a la sargento jefe del Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) Timanfaya de Lanzarote, perteneciente al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Gloria Moreno, por los presuntos delitos de denuncia falsa y falsedad en documento oficial a raíz de la denuncia presentada contra ella en 2016 por su compañero guardia civil del Deprona Miguel Ángel Padial.
El 15 de noviembre de 2015 -dos meses después de la denuncia por la caza y el asadero ilegales de pardelas cenicientas (especie protegida) en el islote de Alegranza, operación en la que intervino Moreno y que se saldó con 19 personas identificadas de las que 11 irán a juicio por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna- Moreno presentó en la Compañía de la Guardia Civil en Costa Teguise un escrito dirigido al capitán jefe en el que informó de un supuesto chivatazo de su compañero a un presunto furtivo sobre un servicio que se iba a realizar en Alegranza en el verano de 2013. En esa fecha Moreno no había asumido aún el mando del Deprona en Lanzarote, al que accedió el 13 de octubre de 2014.
En el relato de los hechos que remitió a su superior, recoge en su auto de 22 de noviembre de 2017 el Juzgado de Instrucción Nº2 por el que se dispone la transformación de las diligencia previas del caso en procedimiento abreviado, Moreno indicó que fue informada en septiembre de 2015 por parte de Juan Jesús Moreno Rajell, colaborador de la Estación Biológica de Doñana en Alegranza, de que en el verano de 2013 uno de los guardias civiles del destacamento informó, supuestamente, a Juan Carlos González [uno de los acusados en el caso de las pardelas de Alegranza], que se encontraba en ese islote, de que la patrulla del Deprona se iba a dirigir a dicho lugar.
De la exposición de Moreno, a tenor de lo que según ella le dijo Moreno Rajell, se desprende que al día siguiente del desplazamiento de la patrulla del Seprona junto a la patrullera de la Guardia Civil a Alegranza, González le habría comentado a Moreno Rajell que "fue avisado por un guardia civil llamado Miguel de la actuación que se iba a realizar por parte de la Guardia Civil, siendo este guardia civil amigo desde hace tiempo del referido Juan Carlos González Berriel".
En su escrito Moreno reflejó que había preguntado al referido guardia civil si había avisado a González en el verano de 2013 sobre el servicio en Alegranza, a lo que el agente contestó que "no se acuerda si le llamó" y que "en alguna ocasión le había dicho que cualquier día se iban a llevar un susto y les iban a pillar, pero él no le llamó para avisarle". Moreno comprobó que "el 13 de septiembre se hizo un servicio conjunto entre el Semar (Servicio Marítimo) y el Deprona Timanfaya para el control de la actividad de caza ilegal de especies protegidas en Alegranza", dato que trasladó a sus superiores.
Archivo en el juzgado
A raíz del escrito de Moreno, el capitán jefe de la Unidad Órgánica de la Policía Judicial de Las Palmas ordenó investigar las supuestas irregularidades cometidas por el guardia civil. El instructor del citado atestado consideró que los hechos podían constituir un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. En su declaración ante la Guardia Civil por esa investigación la sargento jefe se ratificó en su informe.
González reconoció haber estado en Alegranza en septiembre de 2013 pero negó haber mantenido conversación alguna con Moreno Rajell y "haber sido avisado por el agente de la guardia civil llamado Miguel". Moreno Rajell rechazó haber estado el 13 de septiembre en Alegranza junto a González y que este le contara que "era avisado por un agente llamado Miguel" de las inspecciones que realizaba la Benemérita. Moreno Rajell tampoco reconoció haber hablado con la sargento jefe Moreno en relación al supuesto aviso.
La Guardia Civil remitió en 2016 el atestado al Juzgado de Instrucción Nº3 de Arrecife, que decretó en junio de 2016 el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por no existir indicios de la posible comisión del ilícito denunciado". Tras el citado archivo de la causa el guardia civil Padial denunció a la sargento jefe Moreno por denuncia falsa, caso que instruyó el Juzgado Nº2, cuyo juez es el que ha imputado a Moreno de dos presuntos delitos.
El denunciante reconoció en sede judicial en diciembre de 2016 que el 13 de septiembre de 2013 acudió a Alegranza comisionado por la Jefatura de Las Palmas, donde realizó diversas intervenciones por pesca ilegal y fondeos sin autorización y que "es amigo-conocido" de González, con el que "nunca había tenido conversación alguna en relación a las pardelas" y sí una vez sobre la pesca ilegal.
Asimismo, aseguró que "nunca había avisado a esta persona de una actuación policial". Dijo además que Moreno tenía "animadversión" hacia él por celos profesionales y que "le iba poniendo de corrupto e, incluso, había pretendido que fuera detenido".
En su declaración ese mismo día, Moreno aseveró que fue el teniente jefe del Seprona, Germán García, el que "le ordenó redactar el escrito para hacer constar la incidencia que había conocido y dirigirlo al capitán jefe de la Compañía". Se reiteró en que fue Moreno Rajell el que le contó los hechos por teléfono.
El teniente Germán García negó el 17 de enero de 2017 haber ordenado a su subordinada elaborar el informe, el cual, según dijo, "no fue remitido al capitán jefe de la Compañía de Costa Teguise por el conducto reglamentario". Moreno Rajell en su comparecencia durante la investigación el 20 de marzo de 2017 rechazó lo apuntado por Moreno, al igual que hizo González tres meses antes en sede judicial.
En su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el auto de 22 de noviembre, el cual fue desestimado el 16 de febrero de este año, el abogado de Moreno argumentó que su defendida "se limitó, tras recibir una determinada información, a ponerla en conocimiento de su superior llevando a cabo, simplemente, una exposición de hechos respecto de los cuales alguien deberá adoptar una decisión de forma que no solo no imputó delito alguno, sino que simplemente informó de los datos de los que disponía, lo que determina la ausencia de los elementos propios del tipo penal de denuncia falsa".
Por tanto, la recurrente se limitó "a elevar un informe a sus superiores con datos disponibles en ese momento cuya veracidad en momento alguno sostenía".
El Ministerio Fiscal no había remitido, hasta ayer, su escrito de calificación de los hechos. En caso de formularse acusación por parte de la Fiscalía, el juez tendría que dictar auto de apertura de juicio oral.
La afectada no ha querido hacer declaraciones sobre su situación.
