MARÍA JOSÉ MEILÁN RAMOS: "Si una actuación médica no es correcta, mi obligación es decirlo"

—¿Cómo le sentó que le pidieran cuentas por su trabajo?

—A nivel personal no tengo ningún problema por hablar con la Comisión Deontológica y, de hecho, yo no tenía inconveniente en acudir. Fueron los jueces los que entendieron que bajo ningún concepto debía ir porque se estaba hablando de una causa sub iudice (pendiente de resolución) y entendieron que era una clara coacción a un perito y un posible delito contra la Administración de Justicia. A nivel corporativo me sentí francamente mal porque los informes sobre mala praxis son una de nuestras tareas más frecuentes dentro de nuestro ejercicio profesional. Parece que causa grave alarma social este caso, pero lo que no se dice es que nosotros hacemos estas pericias, como mínimo, una o dos al mes. En la mayoría de los casos las denuncias o se archivan o dan origen a reclamación civil, porque muchas veces lo que denuncian no es una mala praxis sino un mal resultado terapéutico. Pero cuando nosotros entendemos que hay alguna actuación que no es correcta nuestra obligación es decirlo. La mala praxis y no lo deontológico sería ocultarlo.

—Daban a entender que su informe provocó la condena.

—El informe pericial forense ni es secreto ni es inamovible. En el caso que nos ocupa se instruyó durante siete años y las partes lo conocían, lo contestaron en ocasiones y aportaron alguna pericial de parte. Un médico forense puede errar en un informe pero hay que demostrarlo y rebatirlo donde se puede hacer, en la fase de instrucción y durante el juicio oral. El informe forense es una de las pruebas que se presentan en un juicio que en absoluto es vinculante para el juez. No es el médico forense el que condena.

—¿Y sabe de dónde salió la petición para que declarase?

—A mí no me han explicado las razones. En todo caso fue algo inaudito, que dio la vuelta a toda España y ha provocado una honda preocupación en la judicatura. La única protección que el ciudadano tiene ante un presunto caso de mala praxis es la intervención de un perito neutral y con esto entendemos muy coartada nuestra libertad para emitir un dictamen. Que nosotros sepamos, nunca había pasado algo igual en ninguna parte de España.

—El apoyo que recibió fue unánime.

—La respuesta de los jueces y de los fiscales fue inmediata y contundente. No tanto de mis compañeros, aunque todos me apoyaron públicamente. Sin embargo, el director y la subdirectora del Instituto, que estaban en la Comisión, firmaron la petición. Tengo el acta y ellos dos ni se inhibieron ni pusieron ningún voto particular. Se aprobó por unanimidad con los que estaban presentes, que no eran todos. Aunque finalmente dimitieron.

—Usted habrá tenido que evaluar a muchos pederastas, un tema de gran debate en la actualidad. ¿Estas desviaciones se pueden descubrir?

—Este tipo de conductas entran en el área de los trastornos en la esfera sexual que no reúnen un perfil específico y que son muchas veces tan localizadas en ese aspecto que son fácilmente disimulables al explorador. Es muy difícil saber si se ha producido una modificación tras un tratamiento porque suelen ser personas con un nivel de inteligencia normal y que pueden ocultar esos deseos o motivaciones inconscientes. Nadie puede decir que no van a repetir esas conductas incluso en el hipotético caso de la castración química, que está bastante en entredicho.

—¿Cuando perciben que una persona no debería estar en contacto con niños, lo suelen especificar?

—Hacemos constar que existe riesgo de repetición de conducta, si lo vemos. Con el hombre que está detenido por el intento de rapto de una niña en La Garita lo vimos en su momento y especificamos que parecía que había cierta peligrosidad. No es habitual, pero hemos tenido casos que el propio pederasta sufre con su conducta y lo manifiesta. Hay uno de un hombre que abusaba de su sobrino y pedía que alguien tratase a la víctima porque él había sido un niño violado. No pedía ayuda para él porque no tenía remedio, pero sí para su sobrino.