- El caso Mari Luz detectó varios problemas de comunicación entre juzgados. ¿Cómo funcionan los sistemas informáticos?

- Cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de gestión procesal, en el caso de la canaria es el Atlante. Cada vez que hay un antecedente se incorpora y es el Ministerio de Justicia quien tiene ese registro central de antecedentes penales. Por lo tanto, hasta que no sube ahí, el otro juzgado no tiene conocimiento de que esa persona ha sido condenada o por qué delito. En la Comunidad Autónoma sí estamos conectados para conocer causas pendientes, no sólo los juzgados sino con las audiencias y la Fiscalía. El sistema es siempre mejorable, de hecho estamos en la segunda versión del Atlante. Hemos constituido comisiones en cada una de las jurisdicciones para mejorarlo, para conocer qué problemas tienen en la actualidad y recogerlo en la nueva versión. El sistema de Canarias es uno de los mejores del Estado, fue uno de los primeros que estuvo vinculado a Fiscalía.

- ¿Se ha solicitado que se pueda lograr que los casos abiertos se consulten desde cualquier Comunidad?

- Esta labor la está llevando tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo General del Poder Judicial para intentar homogeneizar los datos. Sobre todo para tener estadísticas que sean comunes porque cada comunidad tiene un sistema informático diferente. Nosotros tenemos el mismo que Navarra, que Canarias le cedió y que luego Navarra mejoró y lo volvió a ceder. Si cada una tiene un sistema informático independiente impide que se pueda entender con el otro. Sobre todos a efectos estadísticos, para que coincidan los datos de Fiscalía, Consejo y Tribunales de Justicia.

- Mucho se ha hablado del gran número de ejecutorias que se acumulan año tras año ¿Se está haciendo algo para solucionar este problema?

- Estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno y con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para analizar los datos concretos de los juzgados penales y las secciones penales de las Audiencias para dar soluciones ad hoc a cada uno. Por ejemplo, los datos de Las Palmas de Gran Canaria no tienen nada que ver con los de Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo que se está buscando. En los juzgados penales de Las Palmas se estuvieron poniendo funcionarios de refuerzos para bajar este numero de ejecutorias y el resultado ha sido bueno. Sí que es verdad que las modificaciones legislativas, como ha sucedido ahora con seguridad vial, ha incrementado el número de asuntos. Hay que buscar solución a eso porque si las modificaciones no van acompañadas de una memoria económica y de un estudio del incremento que van a sufrir algunos juzgados, después es difícil dar salida a los asuntos en aquellos que aumentan. En las secciones penales de la Audiencia Provincial se ha puesto un secretario de apoyo que pueda entrar en los juicios para que los demás secretarios puedan sacar las ejecutorias. Se han ido incrementando el número de magistrados en las secciones penales, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife. Seguimos trabajando con la idea de disminuir el número de ejecutorias.

- ¿Cuál es el motivo para que haya tantas pendientes?

- Por parte de la Consejería no se han dado números porque queremos ver la estadística real. Estamos haciendo el estudio con la Secretaría de Gobierno porque los datos de ejecutorias que se ha dado no es porque no se esté haciendo nada, sino porque no se han cancelado. Si es una pena de prisión, hasta que no se liquida la condena esa ejecutoria está viva y ha salido como que está pendiente pero realmente es que no se ha archivado. Es el dato que queremos buscar porque no está en la estadística y es muy importante. No es lo mismo decir que hay un número de ejecutorias que están pendientes o vivas pero que se está trabajando con ella.

- Uno de los problemas que tiene la Consejería es lograr que los laboratorios del Instituto de Medicina Legal comiencen a funcionar.

- Hemos elaborado un convenio, a tres bandas, donde forma parte la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Ministerio de Justicia y la Consejería. El Ministerio ha pedido mantener una reunión y queremos ver cuáles son los problemas que ellos le ven a ese convenio y abordar las soluciones para poder firmarlo. Es necesario que exista personal de Toxicológico para poner en marcha esos laboratorios. De resto, el Instituto está funcionando de forma coordinada con el de Santa Cruz de Tenerife. Sí que es verdad que se creó una forma de trabajar totalmente diferente a la que ocurría hasta ahora. Ahora hay un trabajo jerárquico donde hay un director y una subdirectora y hay que dar un tiempo a los propios médicos forenses para adaptarse a ese cambio. Es una labor que está llevando acabo y está arrancando, queda muchísimo por hacer.

- ¿Pero cuál ha sido el motivo para que se tardara tanto en solicitar ese convenio cuando lleva un año abierto?

- Teníamos que tener los laboratorios, saber qué íbamos a tener allí y ver si era posible llevar a cabo esa combinación con el Ministerio de Justicia y con la Universidad. Teníamos interés que estuviéramos las tres instituciones porque es necesario la Universidad para fomentar la investigación y la docencia. Tenemos unos laboratorios con un aparataje muy bueno y queremos que el personal del Toxicológico esté allí para poder hacer las pruebas en estos laboratorios. Hubo elecciones y esto hace que se retrase. Espero que en breve se haga una reunión para lograr llegar a un acuerdo y poner en marcha los laboratorios.

- ¿Qué previsiones de incremento de juzgados hay para este año?

- Se pondrán en funcionamiento once nuevas unidades judiciales que son las acordadas con el Ministerio de Justicia. En concreto, salvo una que entrará en marcha en octubre, el resto comenzará en diciembre. En Las Palmas se crea una plaza de magistrado en la Sección Sexta de la Audiencia, un juzgado de primera instancia, otro de primera instancia e instrucción y uno de lo contencioso administrativo.