Uno de cada tres trabajadores de la enfermería es agredido en los centros del sistema sanitario público aunque sólo una minoría de casos se circunscribe al ataque de tipo físico.
Esa estadística, resultado de una encuesta realizada sobre la casuística del pasado año por el Consejo General de la Enfermería, que aglutina a los colegios provinciales, puede ser aplicable a todo el Estado.
El Colegio de Enfermería de Las Palmas atiende cada mes de dos a tres nuevos casos de agresiones, la mayoría ataques verbales que se producen en las salas de espera y de consulta de los centros de salud y de servicios hospitalarios, y que provienen de los propios pacientes o de sus familiares y acompañantes.
La práctica mayoría de los casos, alrededor de un 90 por ciento, se registran en los centros de Atención Primaria, según José Miguel Brito, asesor jurídico de la institución colegial. Y, también mayoritariamente, el escenario en un servicio de urgencias, hospitalario o no.
Eso sin perder de vista que "son muchos más los casos que no se denuncian. Los profesionales hacen su trabajo y ya reconocen en privado que los insultos están a la orden del día".
Al año, de las denuncias que acaban en los juzgados y que son promovidas por la asesoría jurídica del Colegio provincial, sólo una o dos tienen su origen en una agresión física.
Los casos de agresión se han multiplicado en la última década de forma vertiginosa. "Hace diez años eran prácticamente inexistentes. Se circunscribían, en la mayoría de las situaciones, a problemas derivados de la atención con enfermos mentales".
Pero el fenómeno se ha agudizado en los últimos cuatro años. Al menos, en la experiencia acumulada por el Colegio provincial en el tiempo que viene ofertando a sus afiliados ese servicio jurídico.
Puñetazos, insultos y toda suerte de bravuconadas por parte de los agresores componen las múltiples denuncias que se han presentado en la instancia judicial.
Todas ellas son respuesta en buena parte de los casos a la indicación del profesional enfermero a que se aguarde el turno de atención, la desviación a otro servicio, o la prescripción de fármacos y pruebas diagnósticas en franco desacuerdo con la opinión del usuario, que acude al centro sanitario precisamente para que se juzgue su estado de salud por personal especializado.
La arbitrariedad y agresividad de estos usuarios se llega a repetir, incluso, a la hora de rendir cuentas ante el juez.
Uno de los últimos casos asistidos por José Miguel Brito es prueba de ello. Hace alrededor de una semana el magistrado de un juzgado de instrucción de la capital grancanaria que seguía una causa por amenazas e injurias a un enfermero del centro de salud de Tamaraceite, acabó multando a una mujer, relacionada con la agresión, por desacato. "El juez le impuso una multa de 300 euros porque no se callaba en la sala, no dejaba de proferir insultos", recuerda el letrado.
