El número de afectados por el brote de salmonelosis aumentó ayer a casi un centenar de personas, de las que 24 permanecían ingresadas en centros hospitalarios, en concreto 13 niños en el Materno Infantil y otros 11 adultos en el Doctor Negrín. Algunos de los intoxicados declararon ayer que estudian demandar al establecimiento en donde ingirieron la comida contaminada.

Al mismo tiempo que la Consejería de Sanidad termina la analítica para confirmar el origen de la salmonella, se ha abierto la investigación sobre las condiciones del local en donde supuestamente se consumió el alimento contaminado, el restaurante cafetería Split's y cuya actividad ha quedado en suspenso hasta que se resuelva la investigación. Otro establecimiento de la misma firma ha sido clausurado en Vecindario, aunque Sanidad no quiso especificar ayer el lugar.

Según explicó Amós García, jefe de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, la salsa ali-oli que consumieron los afectados reúne "el 95 por ciento" de probabilidades de que haya sido la causa del brote. Desde el punto de vista epidemiológico Salud Pública lo tiene claro. Ahora queda que los análisis microbiológicos confirmen ese extremo y aclaren si la bacteria se encontraba en el alimento en origen o si fue transmitida por la manipulación de un portador, trabajador del establecimiento de restauración.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Salud Pública ha iniciado la investigación para instruir el correspondiente expediente y dilucidar la sanción y su tipo. La repercusión económica puede ir desde los 3.000 euros, si se trata de una infracción leve, hasta los 15.000 si es grave; y los 600.000 euros si es calificada como muy grave.

CONTROLES. Los afectados pidieron ayer que Sanidad realice controles más severos. "Queremos que no vuelva a suceder, que hayan más controles no sólo a las empresas sino también a los empleados", indicó Carlos González, cuya hija se encuentra ingresada en el Materno Infantil.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas denunció ayer la escasez de inspectores de seguridad alimentaria en Gran Canaria, con apenas 26 profesionales para vigilar todos los establecimientos que elaboran y venden al público comidas preparadas. Según explicó ayer su vicepresidente, Adolfo Sancho, tres de esos inspectores trabajan en el Matadero, por lo que sólo 23 veterinarios son los que vigilan los establecimientos.