Una sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso interpuesto en 2005 por Puertos del Estado contra la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de la capital grancanaria, y en el que se reclamaba una supuesta invasión de competencias en el frente marítimo.

La naturaleza del recurso era la supuesta invasión de competencias en las figuras de Ordenamiento de Área Singular (OAS) números 04, 05 06 y 07, que afectan a la totalidad del frente marítimo del levante de la capital, desde La Isleta a San Cristóbal, de ámbito portuario.

En la resolución judicial se recogen fundamentalmente dos argumentos, según fuentes conocedoras de la sentencia: la extemporaneidad del recurso y el antecedente de la aprobación definitiva del Plan General, en 2001, en la que Puertos del Estado no observó las irregularidades denunciadas cuatro años después, por lo que habría consentido la supuesta invasión competencial.

"El comportamiento pasivo del actor", señala la sentencia, "no está derivado de la inactividad de la Administración [el Ayuntamiento] que ha desplegado conductas que exteriorizan el rechazo a la propuesta de Puertos del Estado", y que "las Administraciones demandadas no anularon las OAS previstas en el Plan General de 2000, [...], sino que por el contrario las mantuvieron en el año 2005".

Así, la resolución señala que "el recurrente [Puertos del Estado] no podía ignorar que se habían rechazado sus pretensiones, no sólo el requerimiento del año 2005, sino además el de 2000".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez-Simón, aseguró este viernes a ACN Press que el diálogo permanente entre el Ayuntamiento y el Puerto en la actualidad hace imposible nuevos conflictos competenciales entre ambas administraciones.

POSIBLE RECURSO. Sánchez-Simón, que advirtió de que será Puertos del Estado el órgano que determine si se recurre o no la sentencia ante el Tribunal Supremo, explicó que aquel recurso aludía a las dudas competenciales que se planteaban en zonas donde hay "usos compartidos del Ayuntamiento y el Puerto, y en aquellos lugares en los que eso se da, como la instalación de un casino en el muelle Santa Catalina, estamos teniendo un diálogo fluído con la ciudad y cada administraciones hace sus propias modificaciones de planeamiento".

El recurso que presentó Puertos del Estado contra el Plan General se planteó en un momento de fuerte tensión entre este órgano y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y en concreto con su entonces presidente, José Manuel Arnáiz.

En el trasfondo de aquellas tensiones estaba la anulación por parte del ente estatal, que depende del Ministerio de Fomento, del concurso de ideas para la reordenación del istmo de Santa Catalina siguiendo directrices de la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa comunitaria de contratación.

Aquel concurso había sido promovido conjuntamente por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y el Cabildo, instituciones estas últimas gobernadas entonces por el PP, pero con la desaprobación de Puertos del Estado, que se hizo patente con la llegada al Gobierno de España del PSOE tras las elecciones legislativas de 2004.