El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, planteó ayer la posibilidad de que el Ayuntamiento espere a agotar la vía negociadora con Aquagest-Canaragua antes de presentar un recurso contra la sentencia conocida el martes y que da la razón a la empresa demandante y anula la venta de acciones de Emalsa realizada en 1993 a otras dos sociedades privadas, Saur y Unelco.

"Lo que hay que hacer es determinar qué beneficia más al interés de la ciudad, si recurrir o no; si recurrir bloquea salidas negociadas quizás sería mejor no hacerlo, o también se podría seguir adelante y recurrir si eso no cierra una posible negociación, ese es un dilema que tenemos que resolver en los próximos días", afirmó Saavedra. El alcalde descartó que se haya tomado ya ninguna decisión al respecto y supeditó la postura del gobierno local a que se conozcan los informes encargados a la asesoría jurídica municipal. "A la hora de decidir si se recurre o no se hará con un criterio político pero en base a informes jurídicos", dijo el alcalde.

A pesar de apostar por la negociación, Saavedra reconoció ayer que oficialmente el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ninguna de las empresas implicadas, Aquagest, Saur y Sacyr (que compró la parte de Unelco hace unos años), pese a que sólo queda poco más de una semana para presentar el recurso. "Hay diez días a partir de la notificación del martes para declarar si se va a recurrir o no, pero eso no significa que luego se materialice el recurso, sobre todo porque en diez días no hay equipo jurídico capaz de elaborar un recurso técnicamente tan complicado; insisto, lo que se hace ahora, si es que se hace, es anunciar que se recurre", explicó el alcalde.

Sin restarle crédito a esta posibilidad, el alcalde reconoció también que tanto Saur como Sacyr están en su derecho para recurrir la sentencia como codemandados en caso de que no lo haga el Ayuntamiento, intención mostrada ayer por representantes de los dos adjudicatarios actuales por sentirse afectados por el fallo judicial.

CLAVE. Saavedra reconoció que en caso de recurrir uno de los asuntos fundamentales sería el cuestionamiento de aquel punto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que explícitamente declara como ganador a Aquagest en detrimento de la oferta de Saur y Unelco y que resultó elegida en 1993 por el Ayuntamiento capitalino. "Ése es uno de los temas clave para un posible recurso de casación y del que debe de pronunciarse el Tribunal Supremo próximamente, es decir, ¿está entrando la Sala de lo Contencioso en campos que no son propios del control judicial? Yo creo que ésos son conceptos políticos y no jurídicos, pero habrá que esperar a ver lo que dice el Supremo", dijo Saavedra.