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LOURDES S. VILLACASTÍN Jueces y magistrados de Canarias afirmaron ayer que los principales ejes de sus reivindicaciones -número de jueces, sobrecarga de trabajo y planta judicial- siguen sin abordarse en las negociaciones que llevan a cabo las cuatro asociaciones judiciales con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de la huelga del pasado 18 de febrero. El colectivo asegura que la crisis económica está añadiendo además una carga "muy superior" a los juzgados respecto a la que ya están "soportando".
Los titulares de los órganos judiciales -unipersonales y colegiados- de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura estaban ayer convocados a una asamblea en la Audiencia Provincial de Las Palmas para evaluar cómo iban las negociaciones y decidir si realizaban otra jornada de huelga para los días 18 y 19 de mayo. Ante la escasa presencia de jueces y magistrados -menos de treinta- decidieron suspender la asamblea y realizar una nueva convocatoria.
María Elena Corral, miembro del comité convocante de la asamblea, explicó que las 60 plazas de jueces que se pretenden crear son "irrisorias" para conseguir los 20 titulares que por cada 100.000 habitantes existe de media en Europa. "En España tenemos una media de 10 jueces por 100.000 habitantes. Ni en treinta años conseguiríamos alcanzar ese nivel", dijo.
Corral señaló que la "litigiosidad" está creciendo y que los juzgados no son como los hospitales, donde se pone a la gente en "lista de espera". "Si 400 personas tienen que esperar a ser operados se ponen en lista de espera pero los médicos no son responsables, aquí sí".
Los jueces y magistrados de Canarias se quejan de la falta de medios personales y materiales en los juzgados, de la sobrecarga de trabajo y de una defectuosa gestión de los recursos, además de falta de modernización.
Exigen además la creación de una sección mixta desplazada de la Audiencia Provincial de Las Palmas en Lanzarote, que se encargaría de las otras dos de la provincia de Las Palmas.
Según Corral, los jueces soportan ya "jornadas de diez horas" y el Ministerio de Justicia quiere que solucionen los litigios en "dos horas". "Se trata de justificar lo injustificable, el CGPJ quiere cubrir la espalda al Gobierno de España para que no se haga responsable de los asuntos, sino que seamos los jueces", apuntó.
Las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación de Jueces Francisco de Vitoria- mantienen negociaciones con el Consejo General del Poder Judicial desde el pasado mes de enero en el que el colectivo hizo público su estado de malestar.
Las asociaciones mantienen una convocatoria de huelga para el próximo 26 de junio, fecha que para los jueces de Canarias y de algunas otras comunidades autónomas es "absurda" por ser el último viernes de mes y coincidir con un puente.
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